El teléfono «se cae» ante las dudas de los usuarios sobre el registro único de viviendas turísticas

«Es un momento de incertidumbre. No tenemos una conversación fluida con el Ministerio porque no nos responden a las preguntas», aseguran. «Por ejemplo, no sabemos las causas de las denegaciones, con lo cual no podemos valorar exactamente qué es lo que está sucediendo», valoran desde la administración autonómica.

«Lo que sí sabemos es que nuestro teléfono se cae, que la línea de la Junta no deja de atender dudas de los propios usuarios. Tenemos en el registro 147.000 viviendas inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía mediante declaración responsable. ¿Qué pasa con las que no tienen el Código de Registro Único?».

En pocas ocasiones se puede estar más de acuerdo en el fondo, que es lograr un mayor control de las viviendas turísticas para evitar el fraude. Sin embargo, vuelven a fallar las formas. «Estamos a favor de la normativa europea, pero tenemos dudas de interpretación. Los propios usuarios nos dicen que hay diferencias de criterio técnico entre unos registros de la propiedad y otros. Queremos un criterio único, que unos ciudadanos no se vean afectados o discriminados en función de la Comunidad Autónoma»,

La Junta no sabe qué va a pasar con esas decenas de miles de viviendas que siguen en el limbo. «Es una incógnita, al igual que lo que van a hacer las plataformas. Además, no hay un régimen sancionador, se remiten al de Consumo, pero no es válido», indican. «Hay mucha incertidumbre y es malo para los ciudadanos. Estamos totalmente de acuerdo con el reglamento europeo para tener una información clara y transparente de las plataformas y de la comercialización de las viviendas de su turístico y lo fundamenta en un registro único de cada Estado miembro».

Una de las iniciativas planteadas fue «recoger cada registro de cada comunidad y buscar una fórmula de hacer un número único. También lo vemos precipitado. Hay cosas interpretables sin tener un refrendo sancionador. Los registradores reconocen esa diversidad de criterios técnicos».

Apuntan que se trata de una normativa que viene de la directiva europea y van a acatarla con responsabilidad y pese a las dudas. «Si se hubiese hecho de una forma más consensuada, a lo mejor hubiésemos tardado un poquito más, pero hubiésemos llegado más lejos y sobre todo con más seguridad jurídica. Las comunidades tenemos las competencias, y si tenemos la responsabilidad, ha de ser completa».

Insisten en que «no son ilegales. Son ilegales si no tienen el registro en la Junta de Andalucía».

Por último, desde la Consejería critican el momento. «El problema de todo es que empieza en verano y afecta a la actividad económica. El usuario se ve desprotegido, no sabe si la vivienda a dónde va es legal. No es ilegal si no tiene el Código de Registro Único».