Los siete días en los que tembló la sanidad de Andalucía

La dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, este pasado miércoles tras el reconocimiento del propio Juanma Moreno de que las cosas no se estaban haciendo bien en el seguimiento de las enfermas ha derivado en una especie de causa general sobre la gestión sanitaria e introducido un serio elemento de inestabilidad, o al menos de intranquilidad, en la hasta ahora plácida mayoría absoluta de los populares.

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Antonio R. Vega

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Casi dos semanas después de que salieran a la luz las primeras noticias y testimonios de los fallos en los protocolos de información a las pacientes parece evidente que el Gobierno autonómico minusvaloró el problema cuando enseñó la patita, que no le vio ni de lejos el peligro ni el daño reputacional que podía infligirle y que, por ello, reaccionó a destiempo. Tarde. El PSOE iba por delante.

Después de unos días de titubeos con la consejera saliente a los mandos y aún con la confianza de San Telmo en su haber, Moreno y su círculo más estrecho se dieron cuenta de que la cosa se les iba de las manos y de que no podían dejarla en las de Hernández, que además de trasladar a la opinión pública datos imprecisos —al principio circunscribió las disfunciones a tres o cuatro casos, cuando al poco se demostró que eran dos mil—, mostró una frialdad y una distancia con las víctimas de las demoras en las pruebas muy alejadas de la empatía y hasta de la compasión que merecen.

El fin de semana pasado fue determinante para el cambio de actitud de la cúpula de la Junta: Moreno se desplazó el lunes a Almería a inaugurar un centro de salud en un acto en el que no estuvo invitada su tercera consejera de Salud, y compartió en las redes sociales numerosas imágenes con pacientes en una actitud cercana, en mangas de camisa. Hernández ya no existía: su última intervención pública, el viernes anterior, fue para explicarle a los periodistas que no iba a dimitir porque sería «lo fácil». Pero la decisión ya no era suya, sino de sus jefes.

Con la polémica amplificada por las tertulias de radio a nivel nacional y su presencia en los informativos de 'prime time', la fecha elegida para el golpe de efecto era el miércoles, este último: ese día había Consejo de Gobierno, y la pregunta que flotaba en el aire era si la consejera iba a asistir. Lo hizo, pero se marchó nada más acabar la reunión y quien explicó el plan de choque para poner remedio a la situación no fue ella sino la portavoz y responsable de Economía, Carolina España. La excusa fue que la esperaban en una reunión en el Virgen del Rocío de Sevilla, donde se concentra el 90 por ciento de los expedientes de tumores de mama con demoras.

Esa tarde, a última hora, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) tenía convocada una protesta en la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la capital andaluza. Cuando la avenida de la Constitución estaba llena de pancartas que pedían la destitución de Hernández, el presidente anunció una comparecencia: volvió a pedir disculpas, avanzó que auditaría «lo que haga falta» y verbalizó lo que ya era un secreto a voces, que la consejera salía del Gobierno.

La sesión de control del Parlamento del jueves fue un campo de batalla: el PSOE esgrimió con estridencia el fantasma falaz de la privatización y aventó el «colapso» sanitario. Sus grandes clásicos.

La realidad es que el SAS ya ha citado a las dos mil pacientes con un diagnóstico dudoso y activado 12 millones de euros para reforzar el programa del cribado, además de iniciar la contratación de 119 profesionales. Un comité de expertos velará por el buen desarrollo del plan de choque.

Al tiempo, la Junta ha mejorado el protocolo de comunicación con las enfermas de tumores de mama: ahora sí las informará desde el principio si los resultados de las mamografías no son concluyentes, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora por la norma vigente desde 2011, que data de la época de Montero como consejera de Salud, y que el PP no ha cambiado en siete años.