La violencia de género como arma política

La consejería que dirige el vicepresidente Juan Marín ha entregado al grupo parlamentario de Vox la información que habían solicitado sobre las unidades de valoración de violencia de género, los equipos psicosociales y los de menores que hacen los informes y análisis para los juzgados. Se trata de una petición formal de un grupo parlamentario legítimamente constituido y, como tal, el Gobierno está obligado a facilitar la información. Así son las reglas de la democracia.

Unas reglas que también protegen la identidad de los trabajadores por lo que en el informe oficial sólo se incluyen cifras y datos. Que son reveladoras. Según los datos aportados por el Gobierno andaluz, las Unidades de Valoración de Violencia de Género de la Junta están compuestas por 53 forenses, 29 psicólogos y 19 trabajadores sociales de los que el 37% no está colegiado; el 63% sí.

En el caso de los equipos psicosociales , la Junta cuenta con 109 psicólogos así como 43 trabajadores sociales. De estos, el 27% no está colegiado según los datos oficiales; el 73% sí.

Donde hay menos datos es en los equipos de menores en los procesos de tutela ya que la Consejería de Igualdad cuenta con 113 asesores técnicos que son funcionarios, 42 psicólogos, 34 licenciados en Derecho y 5 diplomados en Trabajo Social, si bien se desconocen los datos de colegiación.

Con estos datos en la mano, el líder de Vox Francisco Serrano considera que el porcentaje de no colegiados es de más del 50%, «una cifra bastante escandalosa» sobre todo porque argumenta que la ley «y el Tribunal Constitucional exigen que los profesionales estén colegiados». «No nos interesa ni el sexo, ni el nombre, ni las cuestiones personales de los trabajadores sino los datos profesionales, la cualificación de esas personas y si están colegiadas».

El vicepresidente andaluz, Juan Marín, salía en defensa de los trabajadores de la Junta. «Serrano se confunde en su denuncia porque una cosa es no tener titulación y preparación y otra es no estar colegiado. Él como magistrado debería saberlo. Todos los trabajadores que prestan su servicio en las unidades de violencia de género tienen toda la preparación y capacidad necesaria». Sin embargo, al ser obligatoria la colegiación, desde la Consejería de Justicia se les ha hecho las indicaciones de que deben hacerlo.

Y si Francisco Serrano interpretaba los datos según su saber y entender, Susana Díaz los obviaba para seguir alimentando la polémica. «El Gobierno andaluz está secuestrado por la extrema derecha, que es quien tiene la sartén por el mango y a cuyos intereses cederá el Ejecutivo integrado por PP y Ciudadanos para seguir un poquito más de tiempo».

«Es inaudito que se le hayan dado datos de profesionales . Aquí nunca ha habido listas negras; ni siquiera nos planteábamos que pudieran volver las listas negras a la Administración autonómica». En esta misma línea se pronunció CCOO Andalucía que calificó de «infame» el trato del Gobierno andaluz. «Es una vileza».