Triple salto mortal en el fraude de los cursos: la Junta y los sindicatos piden mil millones a Rajoy

Como consecuencia, más de mil millones de euros se perdieron y emprendieron el camino de vuelta al Estado , que reparte los fondos para políticas activas de empleo entre los distintos territorios.

Ahora la Junta y los sindicatos más afines, UGT y Comisiones Obreras, quieren que ese dinero que se perdió por no habérselo gastado en su momento retorne a la Comunidad bajo el paraguas de «un plan extraordinario de formación».

La reivindicación que partió de la secretaria general de CC.OO. en Andalucía, Nuria López, ha sido apoyada por UGT-A, organización a la que la Junta le abrió varios e xpedientes de reintegro por subvenciones de formación a su juicio mal justificadas que incluso han llegado a los juzgados de lo contencioso-administrativo. En paralelo hay una investigación judicial abierta a la cúpula de la central ugetista. La demanda de los sindicatos sumó ayer el entusiasta respaldo del Gobierno andaluz, que mantuvo bloqueados los cursos durante cinco años.

Para la Junta, la culpa de aquel parón es del Gobierno de Mariano Rajoy. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, emplazó al Ejecutivo central a «compensar» a Andalucía por «la alarma social» generada por el PP en los últimos años en torno a la formación en la Comunidad.

Jiménez argumentó que el PP «judicializó la formación y provocó una enorme alarma social que llevó a que tuvíesemos que analizar toda la formación. El caso Formación, añade, « ha terminado siendo un auténtico bluf », aunque ahora el PP «intente airear cosas para intentar volver a los juzgados».

Cuando el escándalo del fraude de formación abrió los informativos nacionales al hilo de una macro operación policial que trascendió en la Semana Santa de 2014, la Junta ya llevaba meses revisando expedientes de ayudas.

En octubre de 2013, según recogió la juez Mercedes Alaya en un auto, acumulaba 950 millones en subvenciones a la formación sin justificar. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, afirmó el 21 de abril de 2014 que su Gobierno revisa desde hace « siete meses las subvenciones a los cursos » investigados por la Policía y la Fiscalía.