Tres leyes estratégicas para cerrar la X Legislatura

Mucho interés ha puesto el Gobierno andaluz en acelerar los plazos para aprobar tres leyes antes de la disolución del Parlamento porque se trata de tres iniciativas clave en su programa político. Resulta curioso destacar que está previsto que estas tres normas se aprueben con una amplísima mayoría de la Cámara ya que hay bastante acuerdo sobre estos texto s (salvo la Ley Audiovisual). Un consenso que no casa con el discurso de inestabilidad que defienden desde el Gobierno andaluz, sobre todo después de que Ciudadanos rompiese el pacto.

La principal ley es la de Igualdad . En realidad es una modificación de la actual que incorpora algunos cambios sobre todo en cuanto a la formación del personal público, los programas en los centros docentes y el lenguaje no sexista. Aunque la principal novedad de la ley es que el Gobierno andaluz garantizará que las pensiones mínimas y no contributivas suban todos los años lo mismo que el IPC. Una medida que suele ser la habitual en tiempos de bonanza económica, pero que no es obligatoria hasta ahora.

Esta medida se anuncia a bombo y platillo como «blindaje» del Gobierno andaluz a las pensiones (y dirigida sobre todo a las mujeres , que son mayoría entre las perceptoras de estas pensiones) pero que no ha sido muy bien recibida por el Movimiento Andaluz en Defensa del Sistema Público de Pensiones. El portavoz de esta asociación, Manuel Eloy López, aseguraba ayer que es «una cortina de humo y reclamamos un esfuerzo real para unas pensiones dignas». Esta plataforma recuerda que el anuncio que refiere sólo «a las pensiones de miseria porque su cuantía tiene que ser inferior a 537,84 euros».

El Ejecutivo de Susana Díaz también tiene interés en aprobar una ley ecologista. Por eso la Ley de Medidas contra el Cambio Climático es la segunda de las normas previstas para aprobar. Se trata de una serie de medidas que se adoptan mirando a la izquierda de la sociedad andaluza: control de emisiones, la creación del Consejo Andaluz del Clima, la obligatoriedad para que los ayuntamientos adopten medidas para reducir las emisiones y el objetivo de que, en 2030, se hayan reducido un 18% las emisiones difusas de gases por persona.

La tercera norma es la más polémica y también tiene su carga de profundidad. Se trata de la Ley Audiovisual que pretende regular el sector en Andalucía actualizando la normativa vigente que se ha quedado obsoleta. Pero su principal arista es que viene a sustituir a la reforma de la RTVA, cuyo Consejo de Administración lleva cuatro años de manera interina y sin permitir la entrada de Ciudadanos y Podemos a pesar de la representación parlamentaria que lograron en 2015. Podemos ha presentado otro texto alternativo a la Ley Audiovisual en la que pretende una amplia reforma en la RTVA, un texto que no se debatirá en la Cámara aduciendo falta de plazo.

Con esta norma el Gobierno andaluz pretende calmar las aguas entre el personal de la RTVA cuyos trabajadores están enfrentados por las críticas al director interino, Joaquín Durán. Desde CCOO se pretende celebrar un referéndum reprobatorio a su gestión, mientras que UGT defiende el trabajo que realiza . Eso sí, todos están de acuerdo en dar un giro a Canal Sur que lleva meses perdiendo audiencia.