Los testigos dejan sin cortafuegos a Chaves y Griñán en el juicio del caso ERE

La extrabajadora sostuvo que ambos recibían «información puntual» sobre todo lo que se cocía en el departamento que concedía las ayudas. Había «un flujo de información continua» y las órdenes descendían desde sus despachos hacia el director general, «de arriba a abajo».

Es justo lo contrario de lo que han manifestado los exdirigentes socialistas, cuyos interrogatorios ante el tribunal fueron una sucesión de negaciones. Griñán defendió que «nunca» negoció con el consejero de Empleo sobre ninguna ayudas sociolaboral y «nunca» despachó con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. « No conozco a nadie que recibiera ayudas de los ERE » y «ningún miembro del Consejo de Gobierno puede conocer la ejecución presupuestaria de un programa», afirmó ante el tribunal.

Su antecesor en el cargo se aferró a la ignorancia para eludir cualquier responsabilidad penal: « Ni el procedimiento, ni la cuantía, ni los requisitos, ni los beneficiarios , ni cómo se articulaba… Ni lo conocía ni tenía por qué».

En la bancada de las defensas no se esperaba un testimonio favorable de quien ha sido una colaboradora indispensable de la Guardia Civil para descifrar cómo se gestionaban las ayudas a prejubilados y empresas en crisis. Pero tampoco imaginaban que iba a señalar con el índice a los expresidentes.

Con su relato, Rofa, a la que la Junta acusa en las piezas separadas donde había sido exculpada, ha puesto nombre a esas entidades abstractas que permitieron por acción, omisión o conveniencia que el sistema irregular de ayudas fuera alimentado durante diez años con los presupuestos. «A veces, el último que se enteraba era el director general de Trabajo», dijo.

El revuelo generado con su alusión a los exmandatarios eclipsó el otro torpedo que lanzó contra los acusados de la Consejería de Innovación y la agencia IDEA, el ente utilizado para abonar las subvenciones. Pasó desapercibido para muchos, pero no para el presidente del tribunal , Juan Antonio Calle, que le preguntó si se pagaron ayudas a Astilleros con fondos de Innovación. Rofa contestó que «desde diciembre de 2009 a marzo de 2010» las abonó Innovación y después, Empleo. Los indicios de malversación se extienden a más departamentos del Gobierno andaluz.

La testigo clave confirma la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Durante el juicio, los autores de los atestados incorporados al sumario declararon que el sistema «no es una idea del señor Guerrero porque las cosas les vienen dadas de arriba», y que el Consejo de Gobierno «conoció» y «amparó» el sistema y «estaba cebando» el programa para pagar las ayudas irregulares mediante sucesivas modificaciones presupuestarias.

Para terminar de conformar la tormenta perfecta, dos interventoras de la Junta de Andalucía han testificado en la sala de vistas que el procedimiento implantado impedía la fiscalización previa de las ayudas, «el régimen de control establecido legalmente» , aclaró Rosario Lobo, la jefa de Fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2012.

Aún más comprometedor fue el testimonio de María Luisa Raya. La interventora de IDEA dijo que la agencia «colaboró» el «mal uso» del sistema de financiación de las ayudas , que se mantuvo invariable hasta meses después de que aparecieran los primeros intrusos empotrados en los ERE.