La Junta de Andalucía reconoce que se delinquió en los ERE porque no había funcionarios tramitando ayudas

Con funcionarios no habría sido posible perpetuar este sistema porque el personal de la Función Pública está protegido por «las prerrogativas» que otorga la Ley « para, precisamente, evitarles represalias en caso de que se nieguen a infringir el ordenamiento jurídico», asegura el escrito del 14 de febrero pasado que suscriben los letrados que ejercen la acusación en representación de la Junta de Andalucía en el caso ERE, recurso al que ha tenido acceso ABC.

Los abogados autonómicos María Victoria Gálvez e Ignacio Carrasco sostienen que la existencia de una «estructura paralela sin funcionarios » creó el caldo de cultivo perfecto para que fructificara el fraude.

Éste es uno de los principales argumentos que esgrimen para impugnar el archivo de las causas contra María José Rofa y Jesús Andrés Rodríguez Muñoz, dos ex trabajadores de la Dirección General de Trabajo, que estaban investigados en la pieza separada de la macrocausa que analizaba la ayuda sociolaboral de 300.000 euros que el exdirector general Francisco Javier Guerrero concedió en 2009 al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz , causa por la que también estaba imputado el obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos.

En su recurso de reforma, la Junta pide a la juez María Núñez Bolaños que no exculpe a la ex asesora técnica en la etapa de los exdirectores Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. María José Rofa, testigo clave en la investigación de las irregularidades de los ERE por la Guardia Civil, ha realizado esta semana las declaraciones más comprometedoras contra los expresidentes andaluces que se han escuchado en la sala donde son juzgados por establecer un procedimiento opaco y arbitrario para repartir ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

La técnico afirmó que Manuel Chaves y José Antonio Griñán tenían una «información continua» sobre las subvenciones, sus beneficiarios y la finalidad de las mismas.

Como acusación, la Administración autonómica esgrime que bajo los mandatos de Guerrero y de su sustituto, Juan Márquez Contreras, la Dirección de Trabajo «se dotó de una estructura paralela, sin funcionarios públicos, integrada por personas contratadas como la señora Rofa, el señor Rodríguez Muñoz o el señor Díaz Alcaraz», en alusión a Ramón Díaz.

El que fuera parlamentario andaluz del PSOE estaba contratado por la Faffe, aunque en realidad se dedicaba a asesorar a Guerrero en conflictos laborales. Llegó a la Faffe por recomendación del entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, que está también siendo juzgado por el caso ERE.

«Los señores Rofa y Rodríguez, como decimos, no eran funcionarios públicos, sino personal de confianza del Sr. Márquez y, en esta condición, asumieron directamente junto con éste la interlocución con las empresas, sindicatos, mediadoras y aseguradoras, y la decisión de incluir a unas personas u otras entre los beneficiarios de las pólizas de prejubilación o conceder las ayudas», expone el recurso presentado en el juzgado.

Ignacio Rivas Clemente, el abogado de Rofa, presentó un escrito el 10 de marzo pasado solicitando a la instructora que rechace el recurso de reforma de la Junta. Defiende que la exasesora « no tenía ningún poder decisorio en la tramitación de las ayudas ».

Para la defensa de la exasesora de Trabajo, «lo más inquietante de las afirmaciones de los letrados» de la Junta «son las distinciones que se realizan entre funcionario público y otros empleados y, lo peor, la consideración de que la Dirección General de Trabajo se dotó de una estructura paralela, sin funcionarios públicos, para delinquir ».

Rivas Clemente recuerda a la Administración que «hay 23.899 empleados públicos de la Junta que no son funcionarios» en la conocida como «administración paralela» . Según los argumentos de los letrados autonómicos, estos trabajadores están a merced de superiores que «pueden compelirlos a realizar hechos penalmente perseguibles o delictivos».

Esto llevaría a «otra conclusión más absurda» y es que la Junta contrata a otro personal, no funcionarial, a sabiendas de que están desprotegidos, y quedan a merced de sus superiores «para realizar los trabajos más siniestros dentro de la Administración». Es decir, para funcionar casi como «un sindicato del crimen» , subraya Rivas en su escrito.

Rofa empezó a trabajar para la Administración al acceder a un puesto que llevaba tiempo vacante en una de las extintas Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) en Huelva y el 1 de julio de 2008 la contrata la Faffe como técnico y comienza a trabajar en la Dirección General de Trabajo con el encargo de «poner orden» en los compromisos de ayudas asumidos por Francisco Javier Guerrero, según declaró en el juicio.

La Junta de Andalucía creó en 2003 la Faffe, que financiaba con subvenciones excepcionales para impartir cursos de formación. En 2011 decidió liquidarla. Sus 1.291 trabajadores se integraron en el Servicio Andaluz de Empleo , que gestiona las oficinas del paro en la región. La juez Núñez investiga irregularidades en los contratos de esta antigua fundación dentro del caso Formación.