La sentencia del Caso ERE, a expensas de la sesión del martes de la Sala de Gobierno del TSJA

La Sala de Gobierno del TSJA aprobó el pasado 26 de febrero la liberación total durante seis meses del magistrado Juan Antonio Calle Peña para llevar a cabo la redacción de la sentencia de los ERE si bien el 10 de septiembre aprobó prorrogar ese plazo hasta este sábado, día 26 de octubre .

Al hilo de ello, y según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, el juez ponente ha enviado un escrito a la referida Sala de Gobierno del TSJA con el fin de que el próximo martes , fecha en la que se celebrará una nueva sesión de este organismo, se analice la situación en la que se encuentra la sentencia de los ERE y si procede o no dar una nueva dispensa que libere por más tiempo a Juan Antonio Calle Peña para culminar la redacción de la misma.

En este aspecto, cabe apuntar que, tras decisión del TSJA, las magistradas Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles , que formaron parte del tribunal que enjuició la 'causa específica' de los ERE y que están adscritas funcionalmente a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, fueron liberadas del 22 de abril al 28 de junio con el objeto de acelerar la deliberación y redacción de la sentencia de esta causa. Estas dos magistradas ya estuvieron liberadas durante el tiempo que duró el juicio de los ERE.

En concreto, el juicio de esta causa , que sentó en el banquillo de los acusados desde el 13 de diciembre de 2017 a 21 exaltos cargos de la Junta, como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quedó visto para sentencia el 17 de diciembre del pasado año. Así, por el momento, la redacción de la sentencia alcanza más de diez meses y no se descarta que se culmine después las elecciones generales que se celebrarán el próximo 10 de noviembre.

Al respecto, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río , indicó el pasado 1 de octubre que la sentencia de los ERE constituye una sentencia «muy compleja de redactar con muchos puntos problemáticos, que afecta a muchas personas. Son lecturas y relecturas para evitar contradicciones y errores», aseveró. Del Río añadió que los magistrados le trasladaron que se encontraban ya en el «sprint final» y que iban a hacer el esfuerzo para que la sentencia «esté cuanto antes» porque eran conscientes de que el tiempo es algo importante en las sentencias.

Cabe recordar que este juicio se ha desarrollado durante un año y cuatro días con un total de 152 sesiones en las que se sentaron en el banquillo de los acusados 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Gr iñán . Para elaborar la sentencia, el tribunal enjuiciador tiene en cuenta más de 14.200 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción y más de 650 horas de grabación de las 152 sesiones del juicio.

Además, Juan Antonio Calle Peña redactará esta sentencia tras haber oído a más de 120 testigos , estudiar una extensa documental y conocer durante seis semanas las tesis y argumentos, siempre contradictorios, de los tres peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de seis peritos propuestos por las defensas durante la prueba pericial, «prueba estrella» como la han calificado algunos abogados, y que ha sido impugnada por la defensa del exconsejero Gaspar Zarrías, adhiriéndose muchas representaciones procesales de los acusados.

En la sentencia, el tribunal tiene como fin analizar la participación y actuación de los 21 exaltos cargos en los hechos por los que se les acusa de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. En este sentido, cabe recordar que al exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa le fueron retirados por las acusaciones los cargos durante la fase de conclusiones definitivas.

Algunos de los 21 han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez , el exviceconsejero José Salgueiro, el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.

Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación . En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejero de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exinterventor general Manuel Gómez, el exdirector general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete y la exsecretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, todos ellos se enfrenan a seis años de prisión y 30 de inhabilitación.

En este sentido, cabe recordar que en la fase de conclusiones, el Ministerio Público rebajó de ocho a seis años de prisión la solicitud de pena para dos de los encausados, en concreto a Cañete y Medina. Si bien, la acusación del PP-A, que han ejercido los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mantuvieron su petición de ocho años para estos dos exaltos cargos.

De otro lado, los acusados que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, y los exsecretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.