El sector aboga por una consulta para la nueva escolarización en Andalucía

También se mostró de acuerdo con la reunificación familiar, «era una necesidad, no era muy normal que hubiera varios hermanos en diferentes colegios», añade Ruiz. Igualmente desde Escuelas Católicas ven bien que se cambien los criterios de renta a la hora de sumar puntos a las solicitudes. «Se estaba castigando a la clase media» , denuncia Carlos Ruiz.

En la otra cara de la moneda, lo que no les gusta a Escuelas Católicas, es que no se les ha llamado antes de elaborar este borrador . «Creemos que hubiera sido muy positivo un diálogo previo». Tampoco tienen claro cómo abordar la «complejidad a la hora de hacer los anillos, nosotros abogamos por mejorar la zonificación actual», concluye.

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo , ha asegurado que la propuesta del Gobierno andaluz de eliminar las zonas de escolarización supone la «demolición» de los centros como espacios de integración social y es un subterfugio para promocionar a la educación privada.

Desde la Unión Sindical de Inspectores de Educación, según su portavoz, Francisco Javier Fernández , reclaman «volver a supervisar los procesos de escolarización ya que ahí se encuentra la raíz del derecho a una educación de calidad. La anterior Administración excluyó deliberadamente a la inspección de la planificación y eso, con el tiempo, se ha demostrado un grave error. Como muestra un botón: en octubre en Sevilla hay colas en la Delegación ante una escolarización no terminada y plagada de reclamaciones y quejas.

Evidentemente algo no ha funcionado bien. La inspección es la que puede velar por la garantía de una escolarización en igualdad de condiciones , que evite la segregación y que garantice que el alumnado recibe los recursos humanos y materiales que le corresponden por ley. Esa y no otra es su razón de ser. La anterior Administración nos apartó y nos dejó al margen de la supervisión y ni siquiera nos informaba en tiempo y forma de las previsiones de planificación. Es más, ni intervenimos ante las reclamaciones, ni elevamos informes al respecto, salvo en casos de posibles acosos u otros muy pero que muy puntuales. Nuestro papel es prácticamente inexistente», concluye.

Tampoco a la Plataforma por la Homologación de los Centros Concertados les ha hecho gracia el borrador sin consulta previa. Su presidenta en Sevilla, Águeda Lara , afirma que «no podemos entender que se sigan dictando leyes, normativas , planes de refuerzo estival, etc. desde los despachos y después pedir opiniones a otros sectores». «El proceso es al revés, reunir a los directores de zona, los consejos escolares recogiendo la opinión de la Comunidad educativa, la inspección, el Consejo escolar de Andalucía, los sindicatos y las asociaciones de profesores y conjuntamente analizar el problema o las dificultades por la que pasa el tema de la escolarización», continúa.

«Sabemos que hay temas como son el nivel de renta para elegir el centro en el que hay mucho engaño , y eso los directores de los colegios lo saben», opina Lara. «La misma desigualdad se crea cuando se puntúa a los niños que han estado en guarderías, no es obligatoria la escolaridad de 0 a 3 años y por lo tanto las familias tienen todo el derecho de escolarizarlos o no en esta etapa», añade.