Los relevos de Pedro Sánchez en la Justicia disparan los interrogantes sobre el caso ERE

En los círculos de la Justicia andaluza hay división de pareceres sobre las interferencias que los nombramientos del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de su antecesora en el cargo como fiscal general del Estado, Dolores Delgado , pueden tener en esta causa cuya primera sentencia ha supuesto un golpe emocional y para la reputación del PSOE andaluz del que tardará tiempo en recuperarse.

Como magistrado en excedencia y exvocal del CGPJ, desde un discreto segundo plano, el diputado socialista por Cádiz Juan Carlos Campo prestó apoyo a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, para marcar su estrategia jurídica tras la imputación de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán . Es más, ofreció su ayuda a algunos de los principales acusados e incluso hizo algunas gestiones al más alto nivel tanto en la Sala Segunda del Supremo como en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. «Habló con el juez instructor, Álvaro Martín, o eso no dijo», relata uno de sus interlocutores jurídicos en aquella época. Sin embargo, sus gestiones no tuvieron el resultado esperado.

El juez de refuerzo de Núñez recuperó la tesis incriminatoria de la juez que inició el caso, Mercedes Alaya, contra la cúpula del Ejecutivo andaluz e incluyó el delito de malversación continuada contra Griñán y otros 17 altos cargos. Martín fue más allá del instructor del Supremo que no vio indicios de malversación pero sí de prevaricación, en la actuación del expresidente.

Campo, que fue secretario de Estado de Justicia en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero , cuestionó el auto y manifestó su «estupor» sobre el mismo en una entrevista concedida a la Cadena Ser. «Llama la atención que el juez diga una cosa diferente al Supremo», declaró en junio de 2016.

Meses antes, el diputado había recurrido al argumentario del PSOE sobre el caso ERE para sostener que « no hay menoscabo de fondos ninguno ; no hay nadie que se haya llevado un duro, no lo hay». «Siempre andaba por la sede del PSOE andaluz. Pero en el momento en que el caso ERE se convirtió en una causa perdida , ni siquiera levantó un teléfono para llamarnos », se queja un abogado de la causa, quien duda de que como ministro ejerza alguna influencia en este proceso, porque el caso ERE «no es un asunto que le quite el sueño a Pedro Sánchez». Su misión principal pasa por entenderse con el Grupo Popular para renovar el CGPJ, que es lo más perentorio.

Más tensiones genera la propuesta de Pedro Sánchez de relevar a la anterior fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra , como responsable de la Fiscalía General del Estado, para poner en su lugar a su exministra de Justicia, Dolores Delgado, un cambio recibido con críticas mayoritarias entre las asociaciones de fiscales. En Sevilla, un letrado ilustra el movimiento trayendo a colación una frase pronunciada por la juez Alaya en un acto organizado por el Club Siglo XXI en Madrid: « Tenemos al poder político metido en el poder judicial , al lobo metido dentro del gallinero».

Durante su breve mandato, Segarra siempre hizo gala de la autonomía de funcionamiento. No se doblegó y respaldó la dureza de sus fiscales en el juicio del procés catalán cuando Sánchez dio por hecho que el Ministerio Público seguía sus órdenes. También apoyó el trabajo de los fiscales Anticorrupción en el caso ERE, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra , y alabó su «labor constante, intensa y con gran discreción» pese a los avatares de la causa, su enconado enfrentamiento con la juez Núñez Bolaños y la presión mediática. Antonio Moreno Andrade , que fue representante del CGPJ en Andalucía Occidental y presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, elogia a Segarra. «Ha sido un ejemplo de independiencia, seriedad, rigor y respeto a la ley», declara ABC.

Esa autonomía de movimientos que han tenido los fiscales Anticorrupción en el caso ERE les llevó incluso a firmar un escrito sin precedentes denunciando las « abrumadoras conductas irregulares » de la juez Núñez, con Segarra de fiscal general y Alejandro Luzón , como jefe Anticorrupción.

«No creo que estén por la labor de acceder a presiones o pretensiones de nadie. Conociendo su integridad y honestidad, antes se marcharían», señala un letrado del caso. «Hay que tener en cuenta que existe un Consejo Fiscal, con mayoría conservadora , que puede ejercer de contrapeso y no se lo va a poner fácil», apunta otro magistrado consultado por este periódico.

El Alto Tribunal tiene en sus manos confirmar o enmendar la condena de los presidentes que gobernaron la comunidad durante 23 años por urdir un sistema «fraudulento» de ayudas a empresas que provocó un «absoluto descontrol» sobre 680 millones de euros.

Pero el caso ERE no se agota en la sala del Supremo. Tras el primer juicio sobre la rama política de la macrocausa, quedan por instruirse y enjuiciarse más de 180 piezas separadas , tantas como empresas fueron subvencionadas con el sistema delictivo. Hay mucho en juego y los últimos nombramientos, a la vista de las reacciones judiciales, dan alas a los peores temores de la juez Alaya.