El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, «espera» que la sentencia del caso ERE esté «a finales de octubre»

Por un lado, se ha reunido con la juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, estando la magistrada de baja laboral desde el martes 3 de septiembre, y con el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que ha tenido que reemplazarla en las dos bajas laborales que ésta ha tenido antes y después de las vacaciones, José Ignacio Vilaplana . Al término de la reunión, Del Río anticipó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hará una visita de inspección al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el 15 de octubre antes de decidir si archiva o, por el contrario, abre un expediente disciplinario a la magistrada María Núñez Bolaños, tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por «ralentizar» las causas de los ERE, Avales y Agencia IDEA. Este tipo de inspecciones son habituales en este tipo de procedimientos, aunque suelen realizarse con sigilo y no suelen anunciarse antes.

Por otro, Lorenzo del Río se ha reunido en la Audiencia Provincial de Sevilla con los tres jueces de la Sección Primera que se encargaron de enjuiciar a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que tendrán que redactar la sentencia. Al término de este encuentro de trabajo, para el que no se convocó a la Prensa, el presidente del TSJA hizo otro anuncio. Aseguró que espera que la primera sentencia del caso ERE esté para el 26 de octubre próximo y no quiso valorar su posible coincidencia con la campaña electoral de las generales si éstas se convocan, una hipótesis cada vez más pausible en vista de la deriva de las negociaciones del PSOE y Podemos para formar gobierno.

Este anuncio se produce después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordara el pasado martes dar una prórroga al juez ponente, Juan Antonio Calle , hasta el 26 de octubre. Calle será el encargado de redactar la sentencia de la pieza política de los de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Según recoge Europa Press, Lorenzo del Río, ha señalado que la sentencia de la pieza política de los ERE tendrá «mil folios o más» así como que es la más «complicada» de la historia judicial de España toda vez que la vista oral duró un año y cuatro días y 152 sesiones después.

El juicio de esta causa, que sentó en el banquillo de los acusados desde el 13 de diciembre de 2017 a 22 ex altos cargos de la Junta, como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán , quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre, por lo de cumplirse este plazo dado por el TSJA, la redacción de la sentencia alcanzaría más de diez meses y se produciría un par de semanas antes de las elecciones generales en el caso que finalmente se celebrasen.

«La redacción está muy avanzada , pero es una sentencia de una complejidad enorme. Tendrá casi mil folios o más y están haciendo un esfuerzo ímprobo», ha destacado a los periodistas Del Río, quien ha añadido que el trabajo se encuentra «en su fase final».

La Sala de Gobierno del TSJA ya liberó en febrero al juez ponente, Juan Antonio Calle Peña , para que durante seis meses se centrase en la redacción de la sentencia y después prorrogó ese periodo precisamente hasta la última semana de octubre.

El TSJA también eximió a las otras dos magistradas de la Sala, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, de asistir a juicio y emitir nuevas ponencias entre los pasados 22 de abril y 28 de junio.

A los 22 ex responsables políticos se les está juzgando por crear y mantener durante más de una década (2000-2011) un sistema supuestamente «ilícito» que repartió 855 millones de euros en ayudas para empresas y prejubilados , fuera de los controles administrativos que regulan el uso del dinero público. Es el primero y más importante de los cerca de 270 juicios —tantos como empresas que recibieron subvenciones— se van a celebrar conforme se vayan cerrando las piezas del enorme mecano procesal que es el caso ERE, abierto por la juez Mercedes Alaya en enero de 2011.

El presidente del TSJA se reunió también con Núñez y Vilaplana, en un encuentro en el que no estuvo presente la juez que suple a la titular del órgano judicial durante su segunda baja, Bendición Pavón. El contenido concreto no ha trascendido, pero Lorenzo del Río ha señalado al término del encuentro que su interés era evitar «en la medida de lo posible» suspensiones de declaraciones y para que el propio Vilaplana «se involucrara lo más posible» en su función de colaboración con la magistrada del Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, Bendición Pavón, la juez que ha sido designada para sustituir a Núñez del 9 al 30 de septiembre, quien no ha podido asistir a la reunión por realizar funciones de guardia.

A Lorenzo del Río le preguntaron por una supuesta campaña informativa contra la juez instructora del caso ERE, denunciada por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla, hecho inédito en la historia de los jueces de Instrucción de Sevilla. Y el presidente del TSJA, que pertenece a la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria , el mismo colectivo del que forma parte Núñez, aseguró que estaba preocupado por ese tratamiento informativo a la actuación de la juez, que puede incurrir en que se traslade «un mensaje de falta de credibilidad» con respecto a la labor judicial que está desarrollando el referido juzgado.

Lorenzo del Río no se ha pronunciado sobre la queja unánime de los fiscales Anticorrupción hacia la juez, que su jefe, Alejandro Luzón, elevó como denuncia ante el Poder Judicial.

En los 110 folios que componen la denuncia que presentó el pasado mes de julio el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ante el máximo órgano de gobierno de los jueces, advierte de que en el caso ERE está llevando a cabo un «vaciamiento progresivo tras acordar la exclusión de los cargos de la Junta de Andalucía». Dibuja, además, un escenario de «desatención» de las resoluciones de la Audiencia de Sevilla , de «inactividad» investigadora, y continuas «trabas» a las pesquisas que demuestran, a juicio de la Fiscalía, una «voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos» por parte de la juez Núñez.