La juez Núñez Bolaños hizo la guardia del domingo, que está mejor pagada, antes de darse de baja otra vez

Por realizar el servicio del juzgado de guardia de 24 horas, los magistrados cobran una retribución especial de entre 400 y 450 euros brutos, dependiendo de si coincide con domingos y festivos, y entre sus tareas están recibir atestados, denuncias y querellas que se presenten durante este tiempo, abrir diligencias de instrucción criminal y adoptar resoluciones sobre la situación personal de detenidos puestos a disposición judicial.

El 31 de agosto, recién reincorporada de las vacaciones, la juez Núñez dictó un auto por el que rechazaba un recurso de reforma presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba adelantar las declaraciones previstas en la pieza separada del caso ERE que analiza las ayudas irregulares concedidas por la Junta de Andalucía a Tartessos CAR S.L.

El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha tenido que relevarla y hacerse cargo de las declaraciones del caso ERE. Este miércoles ha interrogado a testigos relacionados con las ayudas otorgadas a la Bodega Zoilo Ruiz-Mateos .

El pasado martes, Vilaplana tuvo que hacerse cargo de los interrogatorios de distintos testigos e investigados que habían sido citados en dos piezas separadas de la causa matriz de los ERE sobre las ayudas concedidas irregularmente por la Junta de Andalucía a las empresas Scafa y Plantas y flores Castejón . Fue este juez quien, al comienzo de las declaraciones, informó a los abogados de las defensas, acusaciones y Fiscalía Anticorrupción de que estaba sustituyendo a la juez titular del juzgado porque ésta se encontraba de baja por enfermedad.

Según informaron fuentes judiciales, a las citaciones por el caso ERE no están acudiendo los letrados de la Junta de Andalucía, a pesar de que ejercen la acusación particular en esta investigación como parte perjudicada del supuesto fraude.

En los últimos tres meses, la magistrada no ha estado trabajando ni treinta días consecutivos por motivos médicos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no concreta para preservar su intimidad. Entre el 18 de junio y el 16 de julio de este año, permaneció apartada del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla por este motivo.

Durante su baja, la instructora sufrió un esguince en un tobillo. Su descanso obligado coincidió entonces con la presentación de una queja unánime de los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla y la posterior denuncia de su jefe en el Ministerio Público contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por «la desatención y retraso injustificado» de las causas ERE, Avales y IDEA, que heredó hace cuatro años de la juez Mercedes Alaya. Para Anticorrupción, su actuación merece una sanción profesional como responsable de una falta «muy grave o grave».

Su forma de instruir ha causado un « evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia», expone la denuncia del fiscal jefe. La juez Núñez Bolaños acudió varias veces al juzgado durante su primera baja para preparar las alegaciones que ha enviado al promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde. La juez tuvo tiempo para repasar la situación de las causas y las acusaciones de los fiscales. Mientras, su sustituto, Ignacio Vilaplana, desarrollaba una intensa labor desatascando asuntos pendientes en el juzgado.

El mismo día de su reincorporación laboral tras la primera baja, el pasado 17 de julio, la juez adoptó hasta 28 resoluciones . Entre los documentos que salieron ese día del juzgado, aparecen autos dando marcha atrás al sobreseimiento de investigados, estimando recursos de la Fiscalía, revocando exclusiones de investigados, fijando declaraciones o acordando diligencias solicitadas hacía meses por el Ministerio Fiscal.

Para el fiscal Anticorrupción, «la inactividad real y efectiva de impulso procesal como la desatención a las resoluciones de la Audiencia de Sevilla, no se manifiesta con frecuencia de forma abierta, indisimulada, evidente e inequívoca sino mediante un comportamiento de reiterada pasividad a lo largo del tiempo , sin practicar ni denegar las diligencias solicitadas o presentando trabas y reiterando resoluciones ya desestimadas, que podrían sugerir una voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos».