Poto declara que dirigía Acyco a la vez que cobraba de la Junta como prejubilada: «Nadie me puso pegas»

Durante su declaración como acusada en la vista oral, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Poto ha explicado que su intención inicial era «no quedarse» en la sociedad anónima laboral después de que en el año 2003 la compañía SOS Cuétara se hiciera con el control de la mercantil, pero si cambió de opinión fue porque el dueño del nuevo dueño, Jesús Salazar, le dijo que si ella no continuaba al frente « esto no va para adelante ».

Poto ha contestado al fiscal que rehusó hacer ninguna consulta a la Junta de Andalucía, que otorgó la ayuda, porque tanto el gabinete jurídico del grupo SOS como el abogado que «montó todo» el ERE José Miguel Caballero le «asesoraron» y le dijeron que «es legal» y se podía hacer. « Hice eso porque a mí me lo aconsejaron », ha puntualizado la empresaria, quien reconoció haberse reunido en dos ocasiones con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero , recientemente fallecido.

Las ayudas concedidas a Acyco constituyen la segunda pieza de la macrocausa de los ERE irregulares que se juzga tras la del denominado procedimiento específico, por la que están acusadas once personas tras la muerte de Guerrero. Además de Poto, se sientan en el banquillo cinco ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá ; los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano. Todos ellos salvo Daniel Alberto Rivera fueron juzgados y además condenados por la Sección Primera de la Audiencia en la pieza política del caso.

Encarnación Poto, para quien la Fiscalía ha pedido 14 años de cárcel para la presidenta del consejo de administración de Acyco, ha basado su línea de defensa en derivar toda la responsabilidad al abogado José Miguel Caballero, también acusado en el juicio y que había «asesorado» a la entidad durante la constitución de la sociedad anónima laboral. Asegura que este letrado se presentó en las instalaciones de Acyco como «voluntario» y «experto en ERE». Al director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, le comentó que «se había enterado de que estaba tramitando un ERE» y que «no nos costaba nada».

Poto, que era militante de la UGT y del PSOE «a nivel local», ha recordado que conocía a Caballero por su labor en el sindicato y desconocía por completo que hubiera pasado a Garrigues, despacho de abogados del que lleva años totalmente desvinculado y de quien ha declarado que no conocía a nadie.

Dada la «confianza» de la empresa con él por su papel durante la fundación de la entidad, él se encargó de «montar todo el sistema» del ERE de 2003 solicitado a la Administración en el año 2003 puesto que les garantizó que el ERE «no costaría nada» a Acyco, porque la Junta de Andalucía iba a cubrir íntegramente su financiación. «Como es lógico», a los trabajadores mayores de 52 años que iban a prejubilarse «les pareció bien» porque «significaba estar en su casa sin trabajar», ha comentado.

El que fuera jefe de fábrica de Acyco entre 2001 y 2011, aseguró que los empleados acogidos al ERE de Acyco manifestaban que las prejubilaciones eran «casi mejor» que ganar «la lotería» , pues las rentas alcanzaban casi el cien por ciento del salario. Encarnación Poto relató que se acordó renovar parte de la plantilla porque había personal «no cualificado» para manejar la nueva maquinaria adquirida por la empresa.

Tanto Poto como el resto de 34 prejubilados cobraron el 90 por ciento del salario neto cuando cesaron como trabajadores de la empresa en agosto de 2003. En el caso de la que fuera presidenta de la consejo de administración, eso significaba cobrar 2.285 euros, según ha admitido a preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga.

Ante las preguntas del fiscal sobre las ayudas solicitadas y su gestión en la compañía de Dos Hermanas, Encarnación Poto, que carecía del título de graduado escolar, ha insistido en que su capacidad «no podía llegar jurídica ni técnicamente ni de ninguna manera» por lo que le indicaban Caballero y otros directivos de la firma como Barrero «iba a misa».