Uno de los acusados en el juicio del ERE de Acyco da positivo por Covid-19 y no acude a declarar

De esta forma lo ha informado el presidente del tribunal de la Sección Tercera al inicio de la sesión, al tiempo que ha indicado que el abogado de María José Rofa, quien fuera asesora en la Dirección General de Trabajo y testigo clave en la instrucción de los ERE, también está infectado por lo que se suspende la testifical prevista para mañana martes. Rofa acude con asistencia letrada porque se encuentra como investigada en algunas de las piezas de los ERE.

El desarrollo de este juicio está siendo accidentado. A la apretada agenda de juicios de la Sección Tercera, que ha obligado al tribunal a reordenar las sesiones y señalar otros asuntos para algunas tardes, hay que añadir las lesiones y enfermedades de algunos de acusados, que ha llevado a la Sala a iniciar la comparecencia de los testigos antes de acabar con los interrogatorios de los acusados.

Sin olvidar la muerte, iniciado ya el juicio, del que fuera director general de Trabajo de la Junta y pieza clave en la mayor causa de corrupción en Andalucía como es los ERE, Francisco Javier Guerrero , por una grave neumonía.

La dueña de la empresa Acyco, Encarnación Poto, quien se incluyó en el ERE a pesar de que siguió siendo presidenta del consejo de administración y cobrando por ello, sufrió una caída que la tiene sin poder asistir al juicio desde hace semanas. Un abogado, perteneciente entonces a la empresa Garrigues, quien asesoró a Acyco, también padece una lesión ocular que le impide ir a las sesiones.

La semana pasada se conoció que una hija de un abogado había dado positivo por coronavirus y él había sido contacto directo. Se suspendió la sesión de ese día a la espera de saber los resultados de las pruebas del letrado, defensa de Antonio Albarracín.

Precisamente, en Albarracín ha descargado el acusado Jesús Bordallo gran parte de la gestión de Vitalia en el ERE de Acyco , por el que ambos están siendo juzgados.

Los acusados en esta pieza separada de los ERE son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdirector general del Instituto de Fomento de Andalcuía (posteriormente Agencia IDEA) Miguel Ángel Serrano. Además están procesado los citados Albarracín y Bordallo, uno de los dos «intrusos» en el ERE , el director de Recursos Humanos y la presidenta del consejo de administración, Encarnación Poto, así como un abogado.

En el año 2003 , Acyco contaba con 161 trabajadores, iniciando en marzo de ese año un ERE ante la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla para la extinción de 35 puestos de trabajo. La empresa presentó el 3 de julio de 2003 ante la Delegación de Empleo una solicitud de tramitación de un ERE tendente a la extinción de 35 contratos laborales de los 161 contratos de los trabajadores que constituían la plantilla. El ERE lo tenía que sufragar íntegramente la Junta .

El pago de las prejubilaciones se articuló mediante póliza de renta colectiva, para cuya contratación intervino Vitalia como mediadora , formalizándose tres pólizas, en una de las cuales fueron incluidos Andrés Carrasco Muñoz, «amigo de la infancia» de Guerrero, y Domingo Martínez Castillo. Eran dos personas «intrusas» que nunca habían trabajado en la empresa .

Sobre la presencia de estas dos personas, el acusado Jesús Bordallo , consultor de Vitalia encargado de recopilar los datos actuariales de los trabajadores para analizar cuánto cobrarían con la prejubilación y explicar caso por caso, ha asegurado que él no sabe nada de estos dos intrusos, así como tampoco de que Poto estuviera en el ERE.

Tampoco ha dicho saber nada de las relaciones institucionales, sindicales o con la Junta, al tiempo que ha descargado todos estos asuntos sobre su jefe, Antonio Albarricín. Bordallo no ha ratificado su declaración en marzo de 2013 en fase de instrucción porque la hizo «bajo el miedo» a ir a la cárcel , como le había sucedido al anterior acusado.

Desde 1995 en Vitalia, «maldita la hora», ha dicho sobre su ingreso en la empresa, Bordallo ha insistido que los cálculos de lo que han de cobrar los trabajadores los hace «un señor de Barcelona» , en referencia a la sede central de la empresa. Él sólo recogía la documentación, ha dicho una y otra vez ante el interrogatorio del fiscal anticorrupción. Además, ha manifestado que «el señor de Barcelona, que decide todo y que no lo veo aquí y debería estar », sobre su posible acusación, pero sin desvelar su nombre.

El 26 de julio de 2003 tuvo lugar la firma del Protocolo de Colaboración entre la Dirección General de Trabajo, representada por Guerrero, y Acyco, representada por Encarnación Poto. Según la Fiscalía, la firma de este protocolo « no estuvo precedida de la tramitación del expediente administrativo de solicitud y concesión de ayuda con sujeción a los requisitos y controles pertinentes», ya que «no se anotó en el registro de subvenciones, no hubo solicitud formal ni resolución de concesión o informe previo del gabinete jurídico, no se señaló lista de requisitos previos para poder acceder a la ayuda ni parámetros de cuantía máximas que se pudieran obtener, o criterio de qué porcentaje podía asumir la Junta y cuál la empresa y, finalmente, no se hizo desde la Dirección General de Trabajo ningún tipo de seguimiento del cumplimiento de los fines de la ayuda».

Para Bordallo era habitual que los prejubilados disfrutasen de una renta vitalicia , como en el caso de Acyco, donde el ERE contaba con unas condiciones ventajosas. «Era normal si había una ayuda previa», sin especificar de qué administración.

«Nunca» se reunió con Guerrero ni con su sucesor, Juan Márquez . No llevó el control de los pagos del ERE, ni las gestiones con la empresa ni con la Junta, ha insistido.