Policías de Blanqueo de Capitales investigarán el fraude en los fondos Jeremie dados por la Junta

Así lo ha acordado la magistrada Beatriz González, titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Sevilla , en la providencia que ha dictado recientemente en cada una de las catorce piezas , una por cada ayuda bajo sospecha concedida por el Gobierno andaluz a empresas de la comunidad, muchas de ellas a punto de echar el cierre, en las que dividió la causa judicial hace semanas , según han informado a este periódico fuentes del caso.

De esta forma la instructora vuelve a darle impulso a unas diligencias que se abrieron en octubre de 2015, con Susana Díaz ya en la Presidencia de la Junta , y en las que hasta ahora poco se ha podido avanzar por la dimensión y complejidad de la misma (más de 20.000 folios) y por la falta de colaboración del Gobierno andaluz en la etapa socialista hasta finales de 2018.

El juzgado vio atendida el pasado mes de febrero su petición de contar con un funcionario para tramitar esta macrocausa. La Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal, dependiente de la macroconsejería que dirige Juan Marín (Ciudadanos) , emitió una orden para reforzar este juzgado con un técnico de tramitación durante seis meses, que ha prorrogado durante más tiempo. El nuevo Ejecutivo atendió la última solicitud del Juzgado cursada a la citada dirección el pasado 30 de enero.

Por tanto, estamos ante un nuevo caso de corrupción vinculado a los gobiernos socialistas de la Junta en el que de momento no se ha podido diligencias ni se ha llamado a declarar a investigados por la gestión del programa destinado a insuflar liquidez a pequeñas y medianas empresas. La gestora de estos fondos era la agencia IDEA, de nuevo con un papel protagonista en la tramitación de ayudas públicas dadas por la Junta e investigadas por la justicia como ocurriera en los ERE.

La causa ya podrá avanzar toda vez que ya el Juzgado de Instrucción número cinco de Sevilla ha podido digitalizar toda la documentación obrante en estas diligencias , para lo que tuvo que pedir en 2017 al por entonces consejero de Justicia, Emilio de Llera , un escáner y un funcionario de auxilio judicial, que no llegó hasta este año.

Para acabar con esta anómala situación y tras años de parálisis, la juez ha dado traslado de toda la documentación obrante y ya digitalizada al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Sevilla para que realice la correspondiente investigación con el fin de identificar a las personas que por parte de la Junta de Andalucía y de las empresas subvencionadas pudieran asumir responsabilidades penales por los hechos investigados.

Igualmente y a la vista de la documentación recibida de la Oficina Europea Anti Fraude , se pide a los policías de Blanqueo de Capitales que revisen los expedientes de las subvenciones para detectar posibles irregularidades en la tramitación de las mismas.

La instrucción, que se inició a instancias de la Fiscalía Anticorrupción , analiza presuntos delitos de malversación y prevaricación. Surgió como una rama independiente de la macrocausa de Invercaria y estaba centrada en la gestión de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea).

Esta empresa, propiedad de la agencia IDEA, ejerció de intermediaria financiera en operaciones del fondo Jeremie que ascendieron a 185 millones. Otros 50 millones fueron gestionados por Invercaria . La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, en un informe ya presentado en la causa, detectó irregularidades en la gestión de este programa, dotado de 235 millones, el 80 por ciento procedían de fondos europeos Feder.

Una investigación sobre las ayudas de Invercaria a la productora Kandor Graphics para hacer una película de animación fue lo que llevó a los investigadores a activar el caso Jeremie. Con este fondo, la Junta de Andalucía financió el largometraje «Justin y la espada del valor». A pesar de cosechar multitud de premios y de haber sido comercializada en 140 países, la deuda derivada por los gastos de producción acabó aplastando a la empresa, que tuvo que solicitar el concurso de acreedores en marzo de 2014, y como consecuencia, el fondo público tuvo que aprovisionar un deterioro por importe de dos millones de euros en las cuentas de la Junta.

Kandor constituye, a su vez, una pieza desgajada de la macrocausa de corrupción de Invercaria, por la que volverá a sentarse en el banquillo el expresidente Tomás Pérez Sauquillo , que ya ha sido condenado a tres años y medio de cárcel en la primera pieza del caso Invercaria juzgada en la Audiencia de Sevilla.