Un caso de corrupción de la Junta lleva cuatro años paralizado por falta de medios en el juzgado

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla abrió las diligencias previas a mediados de octubre de 2015. El detonante fue un informe de la Policía Nacional que apreciaba irregularidades en la concesión de los fondos europeos Jeremie por parte del Gobierno socialista en esta comunidad. La Justicia ponía la lupa sobre los 185 millones de euros invertidos en empresas , muchas de ellas al borde del cierre, entre 2007 y 2013. Desde entonces hasta ahora, no se ha dictado ningún auto reseñable para practicar diligencias ni se ha llamado a declarar a investigados por la gestión del programa destinado a insuflar liquidez a pequeñas y medianas empresas.

Lo que sí ha crecido es el sumario, que alcanza ya dimensiones enciclopédicas (más de 20.000 folios) y el agujero económico que ha dejado en las arcas de la agencia autonómica IDEA, gestora del fondo. Al cierre del ejercicio de 2018, la Junta de Andalucía contabilizaba impagos de hasta 48,34 millones de euros por 50 operaciones fallidas .

El juzgado no ha visto atendida hasta ahora su petición de contar con un funcionario para tramitar esta macrocausa. La Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal, dependiente de la macroconsejería que dirige Juan Marín (Ciudadanos), emitió ayer una orden para reforzar este juzgado con un técnico de tramitación durante seis meses. Esta medida excepcional llega después de que el juzgado cursara una nueva petición por escrito que tuvo registro de entrada en la Dirección el 30 de enero.

La magistrada alegaba que con los medios de que dispone le era imposible instruir la macrocausa y manejar las montañas de documentos que han llegado a su órgano judicial, además de los asuntos ordinarios que entran a diario. Desde la Consejería especifican que la última solicitud de refuerzos data de diciembre de 2018 , cuando estaba en funciones el anterior Ejecutivo socialista, y desde entonces no ha vuelto a pedirlo aunque su solicitud no fue atendida.

La investigación de los fondos Jeremie ha sido una carrera de obstáculos desde su inicio. La juez Beatriz González tuvo que esperar más de seis meses para que la Junta le facilitara algo tan básico como un escáner con el que digitalizar la documentación. En mayo de 2017 solicitó por primera vez a la anterior Consejería de Justicia e Interior, dirigida por el fiscal Emilio de Llera, un funcionario de auxilio judicial y el escáner.

La comisión integrada por la Secretaría General Provincial de Sevilla, el secretario coordinador provincial y el juez decano, que analiza cada trimestre el reparto de funcionarios atendiendo al presupuesto disponible, desoyó su petición . Hasta noviembre de 2017 no se autorizó el envío al juzgado de la máquina para digitalizar los papeles, pero no se le asignó otro funcionario. El problema se enquistaba. Ahora disponía de escáner pero no de personal para utilizarlo .

La instrucción, que se inició a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, analiza presuntos delitos de malversación y prevaricación. Surgió como una rama independiente de la macrocausa de Invercaria y estaba centrada en la gestión de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea). Esta empresa, propiedad de la agencia IDEA –epicentro del escándalo de los ERE– ejerció de intermediaria financiera en operaciones del fondo Jeremie que ascendieron a 185 millones. Otros 50 millones fueron gestionados por Invercaria. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detectó irregularidades en la gestión de este programa, dotado de 235 millones, el 80% procedían de fondos europeos Feder.

Una investigación sobre ayudas de Invercaria a la productora Kandor Graphics para hacer una película de animación sirvió de detonante para activar el caso Jeremie. Con este fondo, la Junta de Andalucía financió el largometraje «Justin y la espada del valor» . El proyecto de la película no tuvo el resultado económico esperado como consecuencia, entre otros factores, del incumplimiento de los contratos de distribución del principal mercado mundial, EE.UU.

A pesar de consechar multitud de premios y de haber sido comercializada en 140 países , la deuda derivada por los gastos de producción acabó aplastando a la empresa, que tuvo que solicitar el concurso de acreedores en marzo de 2014. Como consecuencia, el fondo público tuvo que aprovisionar un deterioro por importe de 2 millones de euros en las cuentas de la Junta de Andalucía.

Kandor constituye, a su vez, una pieza desgajada de la macrocausa de corrupción de Invercaria, por la que volverá a sentarse en el banquillo el expresidente Tomás Pérez Sauquillo .