El pacto del Gobierno del PP y Ciudadanos con Vox incluye ayudas para defender el castellano en Cataluña

Vox levantó a última hora el veto a las cuentas en el debate de las enmiendas a la totalidad del Parlamento celebrado el miércoles, después de cerrar un acuerdo. Pero su firma se pospuso al jueves. Lo rubricaron los consejeros de Hacienda, Juan Bravo (PP), y de Economía, Rogelio Velasco (Ciudadanos), y los portavoces de Vox, Alejandro Hernández y Manuel Gavira .

El partido naranja envió a un independiente a fotografiarse junto al partido de extrema derecha por primera vez desde que en enero echó a andar la legislatura. En la rueda de prensa posterior a la firma, el representante de Cs confesó que se sintió «cómodo» porque el acuerdo contribuye «a la estabilidad política y en consecuencia a la estabilidad económica» .

Entre las 34 medidas plasmadas en un documento que lleva los logos de los tres partidos, se incluyen ayudas para estudiar en castellano fuera de Andalucía, la puesta en marcha de un teléfono de atención a las víctimas de «violencia intrafamiliar» y la «revisión completa» de los objetivos de las subvenciones del anterior Gobierno socialista para evitar que se financie a asociaciones que utilizan la Memoria Histórica como «parapeto» para «lanzar mensajes de contenido ideológico que nada tienen que ver con localizar restos de familiares», según explicó Alejandro Hernández (Vox).

El acuerdo también apuesta por «mejorar el control de los fondos» destinados al programa Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), más conocido como el PER y se dedicarán partidas por determinar para ofrecer a mujeres embarazadas que atraviesen dificultades económicas «la totalidad de alternativas disponibles» y «de forma respetuosa con su decisión final».

Aparte del impulso de un plan para reformas en los colegios e institutos, Vox ha convencido a la Junta para cambiar las bases reguladoras de las subvenciones a comunidades de andaluces en el exterior para «paliar los problemas» que encuentran los hijos de emigrantes a la hora estudiar castellano debido a la imposición de « procesos de inmersión lingüística », como los llevados a cabo, por ejemplo, en Cataluña. Las cuentas de 2020 aumentarán en 100.000 euros esta línea de subvenciones.

El impacto económico de estas «concesiones» es testimonial. Ascienden a 2,1 millones de euros, un 0,005 por ciento en un presupuesto de 36.495,5 millones para lo que queda de año. La mayoría de propuestas no están cuantificadas y tendrán un hueco en las cuentas de 2020. A través de una enmienda parcial, la Junta va a aumentar en 600.000 euros el dinero para obras en sedes judiciales y se detraerán 200.000 euros de la partida para asociaciones relacionadas con la inserción de inmigrantes. En este terreno, se ha propuesto crear «órgano de coordinación» de la Secretaría de Interior para prestar «apoyo económico y de gestión» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atajar la inmigración irregular.

En cuanto al teléfono de atención a víctimas de «violencia intrafamiliar», inicialmente Vox propuso incluir esta asistencia dentro del 016 , la línea para mujeres que sufren violencia machista. Bravo explicó que se trata de «sumar» un servicio más. Hernández explicó que para Vox «la violencia no tiene género» y daría cobertura a «hijos de madre alcohólica» y a las «madres extorsionadas por hijos drogadictos».

Como anécdota, la Junta se compromete a poner en marcha el programa « 1492: un Nuevo Mundo » para divulgar «la herencia histórica que conllevó el descubrimiento de América y «otras gestas posteriores».

Una propuesta espinosa pasa por asignar tareas administrativas a personal de la llamada «administración paralela» de la Junta. Bravo aseguró que el Servicio Andaluz de Empleo tiene «a 2.000 empleados sin unas competencias claras», entre ellos los 900 que entraron sin convocatoria pública en la polémica fundación Faffe, investigada judicialmente por el desvió de ayudas. Todo este personal sin tareas definidas cuesta a las arcas públicas entre 80 y 100 millones de euros. El Gobierno quiere «poner a 2.000 empleados a trabajar con todas las competencias», además de encargar auditorías privadas y avanzar en la reducción de estos entes.