Otra ayuda ilegal del caso ERE sin castigo por prescripción de los delitos

Se trata de una subvención de 447.754 euros concedida el 13 de diciembre de 2002 a la citada sociedad promotora de congresos y celebraciones mediante un convenio de colaboración suscrito por el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero . A principios de este mes, la juez dio carpetazo a otras seis piezas del caso ERE al declarar «prescritos los delitos de prevaricación y malversación [de fondos públicos]».

Hace tan sólo una semana (28 de marzo) que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla abrió una investigación específica sobre la ayuda a la citada empresa. En ese momento también acordó requerir un atestado a la Unidad Central Operativo de la Guardia Civil. Sin embargo, en el sumario de la causa matriz de los ERE que heredó de Mercedes Alaya ya consta documentación sobre Below Marko S.A.

En concreto, como recuerda la Fiscalía, el juzgado dispone desde hace años del expediente de la ayuda aportado por la Junta de Andalucía y del informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, que analizaron las 270 ayudas sociolaborales y para empresas en crisis que la Consejería de Empleo repartió con cargo al programa de los ERE. Además, forma parte del sumario un informe presentado por los letrados de la Administración autonómica.

De acuerdo con estos datos, la Fiscalía señala que la ayuda se abonó en dos partes. El primer pago se realizó en diciembre de 2003 por importe de 300.000 euros y la cantidad restante se ingresó el 30 de enero de 2004. Siguiendo el criterio marcado por la Fiscalía, la Audiencia de Sevilla estableció que si una ayuda es inferior a 450.000 euros y ha transcurrido más de una década desde el último pago hasta que se imputó a los supuestos responsables penales, los delitos habrían caducado.

Por encima de dicha cuantía, el Ministerio Público determinó que la subvención se puede considerar de especial gravedad y el plazo de prescripción del supuesto delito de malversación pasaría de los diez años habituales a los quince . El reloj de la prescripción se detiene en el momento que la juez notifica la imputación del beneficiario o el ex alto cargo que concedió la ayuda.

Mediante una providencia del 8 de abril, la juez accede a la petición de las fiscales asignadas al caso y requiere a la agencia pública IDEA que le certifique las fechas en las que se realizaron los pagos a Below Marko S.A. IDEA es el ente instrumental que la Consejería de Empleo utilizaba para agilizar el abono de las ayudas, lo que impedía a la Intervención de la Junta fiscalizar estos fondos públicos y comprobar su destino. En relación al archivo, la magistrada contesta que, una vez recibida esta certificación, «se acordará lo procedente».

El pasado 4 de abril, la juez instructora del caso ERE decretó el sobreseimiento de seis piezas desgajadas de esta macrocausa. Habían caducado los delitos por los que inició la investigación de seis ayudas por un importe total de 634.139 euros repartidas de forma opaca y sin procedimiento legal. Archivó estas diligencias una semana después de haberlas iniciado.

Los primeros archivos por prescripción se acordaron en marzo de 2016. María Núñez Bolaños cerró por este motivo una causa abierta por Mercedes Alaya contra 12 investigados (uno ya fallecido) por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. La Fiscalía había solicitado el archivo un año antes argumentando que los delitos que se les atribuyen habrían prescrito. Dos de los empresarios investigados no habían sido imputados hasta febrero de 2015, cuando la anterior instructora del caso ERE dirigía el juzgado.