La juez del caso ERE archiva las ayudas «ilegales» a la Fundación San Telmo para cursos a directivos de la Junta

La juez que instruye este caso, María Núñez Bolaños , sin embargo, no encuentra delito en la actuación de los ex altos cargos y responsables de la institución investigados por financiar con ayudas para prejubilaciones « Cursos de Alta Dirección de Instituciones » impartidos por esta fundación para formar a directivos de la Junta entre los años 2005 a 2010.

En un auto del pasado 1 de abril al que ha tenido acceso ABC, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado archivar esta pieza separada de la macrocausa de los ERE y exculpar a cinco ex altos cargos investigados y a dos responsables de la citada institución.

Con este fondo destinado a empresas en crisis se financiaron cursos de alta dirección de la Fundación San Telmo de Sevilla a 240 alumnos, entre ellos algunos dirigentes del PSOE andaluz como Verónica Pérez , secretaria general del partido de Sevilla, que tras la defenestración de Pedro Sánchez como líder socialista en Ferraz se proclamó a sí misma como la «máxima autoridad» del PSOE.

Una vez analizada la documentación, la magistrada concluye que los siete convenios y resoluciones de pago suscritos por los ex directores de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y la fundación para canalizar estos fondos públicos, denominados por la propia Administración como ayudas, tenían una «naturaleza contractual» y son «sustancialmente iguales» a otros acuerdos firmados con la Diputación de Sevilla o el Ayuntamiento de Málaga, «con la diferencia de que no se abonaron con cargo a la partida 31L».

«No parece admisible sostener», a juicio de la magistrada, que desde la fundación «pudieran tener la más mínima duda sobre la legalidad de los mismos, dado que el mismo actuar se repetía desde el año 1998 sin tacha alguna ».

Núñez cree que los dos representantes legales de la institución se guiaron por «el principio de buena fe o confianza legítima que rige las relaciones entre los ciudadanos y la Administración». Concluye que «no existen indicios de criminalidad» en su actuación, en contra de lo que sostiene la Fiscalía.

Mediante dos escritos presentados en junio de 2018 y enero de 2019, el Ministerio Público solicitó que se tomara declaración en calidad de investigados al representante legal de la fundación que firmó los convenios, Antonio García de Castro, y al director facultativo de los cursos, Rafael Alarcón. La instructora sostiene que ambos desconocían «la existencia de un procedimiento creado desde dentro de la Administración para eludir controles y disponer con las mínimas trabas y ausencia de control de fondos públicos».

Anticorrupción también pidió a la juez que fueran citados tres exdirectores generales de Trabajo (Guerrero, Márquez y Daniel Alberto Rivera ), al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y al exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, entre otras diligencias.

Todos ellos han sido exculpados por la juez Núñez en su auto de archivo. Excluyó a los cuatro primero ex altos cargos porque ya se habían sentado en el banquillo por el sistema de los ERE en el único juicio del caso que se ha celebrado hasta ahora, basándose en la doctrina de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla , que determinó que los políticos acusados serán enjuiciados una sola vez y no por cada una de las ayudas concedidas. Respecto a Rivera, que no figuró entre los acusados en dicho juicio, la juez alega que aunque firmó la resolución de pago de una ayuda pero meses después supendió el pago y éste nunca llegó a efectuarse.