La juez que paró las macrocausas de corrupción en la Junta de Andalucía

Núñez llegó el 16 de junio de 2015 y mandó parar. La primera decisión que adoptó fue anular una providencia dictada horas antes por Mercedes Alaya para investigar empresas de Ángel Ojeda, el exconsejero andaluz de Hacienda que acaparó 52,6 millones en ayudas a la formación del Ejecutivo autonómico. La bola para difuminar la huella de Alaya había empezado a rodar.

Alaya inició en enero de 2011 la investigación del caso ERE. La espoleta que hizo detonar la bomba fue una declaración de Francisco Javier Guerrero . En diciembre de 2010, el exdirector general de Trabajo de la Junta reconoció a la Policía que la Consejería de Empleo disponía de un « fondo de reptiles para la crisis, con procedimiento distinto , una masa económica para empresas que necesitaban respirar». Aquella afirmación, de la que luego se retractó, puso a la juez sobre la pista de una trama para defraudar y enriquecer a terceros con fondos públicos, ya fuera mediante la inclusión de intrusos en ERE de empresas donde no habían trabajado o el pago de abultadas comisiones a sindicatos y «conseguidores» de ayudas como Juan Lanzas, cuya madre llegó a decir a la Guardia Civil que su hijo «tiene dinero para asar una vaca».

En la primavera de 2015, Alaya abandonó el juzgado para ascender en su carrera judicial tras ganar una plaza en la Audiencia de Sevilla, pero con la promesa firme de seguir instruyendo los casos ERE y Formación mediante una comisión de servicios que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le terminaron denegando. Para sorpresa de todos, le sustituyó una juez de Familia sin experiencia previa en instrucciones complejas, que se presentó a última hora al concurso para ser la nueva titular.

Núñez era amiga del consejero de Justicia de Susana Díaz, Emilio de Llera , un fiscal en excedencia que se movía como pez en el agua en los círculos judiciales y había marcado la estrategia autonómica ante estos escándalos. Alaya mantenía la tesis de que el caso ERE no era un episodio aislado de corrupción, sino un sistema diseñado y mantenido durante una década (2000-2010) en la cúpula del Gobierno andaluz con el propósito de repartir dinero público (855 millones) de manera opaca para favorecer a empresas de la órbita del PSOE.

Cuando no llevaba ni quince días en el juzgado, en el verano de 2015, Nuñez fragmentó el sumario de los ERE en tres bloques, con la idea inicial de abrir hasta 270 piezas para su investigación y enjuiciamiento por separado, tantas como ayudas sin procedimiento y muchas veces con un simple «post-it» había dado Guerrero, quien durante la mayor parte del tiempo gestionó el fondo supuestamente fraudulento. El sumario despiezado quitaba presión al Ejecutivo andaluz y desactivaba el esquema piramidal que diseñó la anterior instructora, que sostenía que el fraude se maquinó en el Consejo de Gobierno y, por tanto, la causa era indivisible, en contra del criterio de la Fiscalía.

La intención de la nueva instructora era trocear el sumario de los ERE en partes más pequeñas con la teórica pretensión de agilizarlo. La Fiscalía Anticorrupción y acusaciones como la que ejerce el PP andaluz opinan que ha sucedido lo contrario. En los últimos meses el Ministerio Público ha elevado el tono de sus escritos alertando de que las causas están «estancadas» , sus peticiones para avanzar en las investigaciones son ignoradas sistemáticamente, a veces sin explicar los motivos. Las citaciones de los imputados se dilatan en el tiempo, mientras la sombra de la prescripción de los delitos ha dejado de proyectarse como una amenaza para ser una realidad.

El 27 y 28 de marzo pasados Núñez abrió seis piezas sobre ayudas del caso ERE para darles carpetazo tan sólo una semana después con el argumento de que los delitos de prevaricación y malversación habían prescrito al pasar más de diez años desde que se pagaron ayudas por debajo de los 450.000 euros. Los beneficiarios de las mismas, que nunca fueron llamados al procedimiento, quedaban exculpados automáticamente. Se le pasó el tiempo sin actuar.

Tras lograr que Alaya fuera apartada del caso ERE al comprobarse que la convivencia entre ambas era imposible, la nueva instructora adoptó una decisión sorprendente: cedió a su juez de apoyo, Álvaro Martín , la pieza más delicada del puzle: la del procedimiento específico de reparto del dinero público. Al instructor no le tembló el pulso y sentó en el banquillo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y exministros con Felipe González, Manuel Chaves y José Antonio Griñán , a seis de sus exconsejeros y a 13 ex altos cargos más, acusados de prevaricación y/o malversación, después de que el TSJA y el Supremo confirmara la existencia de indicios delictivos.

Es el único juicio del caso ERE que se ha celebrado hasta la fecha y está pendiente de sentencia . El siguiente proceso, que afecta a la ayuda concedida a la empresa Acyco, también instruido por el juez de apoyo, no comenzará hasta septiembre de 2020. Sólo hay otras tres piezas del caso ERE listas para enjuiciarse tras más de ocho años de instrucción, cuatro de ellos bajo el mando de Núñez.

El ruido mediático en torno a las macrocausas fue bajando decibelios a media que el caso ERE, disgregado en más de un centenar de piezas , menguaba en tamaño y número de imputados. Era un efecto colateral del despiece procesal de la macrocausa penal. La Audiencia de Sevilla determinó que los ex altos cargos acusados en la pieza política irían a un solo juicio en lugar de enfrentarse a tantos como ayudas concedidas en las que supuestamente se habrían malversado fondos públicos.

Esta decisión, secundada más allá de su literalidad por la juez Núñez, abrió la puerta a una exclusión masiva de altos cargos y, de paso, al archivo de piezas separadas del caso. Anticorrupción recurre todas estas resoluciones porque crean «un intolerable espacio de impunidad» ante el saqueo de los ERE. La Junta, personada como perjudicada, quedaba fuera de juego por su estrategia de no acusar a Chaves y Griñán en el juicio de la pieza política.

Pero no quedó ahí la cosa. La magistrada Núñez Bolaños empezó a crear en sus autos otro relato alternativo sobre el caso ERE que atenuaba el impacto de la corrupción del PSOE e imponía un marco mental distinto del que diseñó Alaya, más cercano a los argumentos de las defensas que al de las acusaciones y la Fiscalía. Archivó causas contra personas imputadas por recibir ayudas porque «lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas víctimas ».

Incluso exculpó a ex altos cargos que no habían sido juzgados aún, como el exdirector de Trabajo Daniel Alberto Rivera, lo que le valió una censura de la Audiencia, que le reprochó que justificara sus archivos con argumentos «erróneos», «contradictorios», «carentes de fundamento y de toda lógica procesal». Los comisionistas, según su narrativa judicial, pasaron a desarrollar «una actividad lícita». Por último, para justificar sus archivos alegó que los atestados de la Guardia Civil sobre las ayudas están plagados de «graves errores» aunque al mismo tiempo da carpetazo a algunas causas con el pretexto de que no le han llegado los informes policiales.

Tras desbrozar el caso ERE, Núñez aplicó la misma receta al fraude masivo de las subvenciones para cursos de formación dirigidos a parados y trabajadores. La fragmentó en otras nueve piezas. Pero en su poda dejó muchos cabos sueltos. De este tronco salió la rama de la Faffe, la fundación de empleo de la Junta que pagó juergas en prostíbulos con una tarjeta para gastos de representación que registró cargos por casi 32.000 euros.

Al igual que sucedió con los ERE, la juez borró a los ex altos cargos de las investigaciones . Archivó la pieza política del caso Formación que afectaba a 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo, dirigiendo reproches a Alaya, la Guardia Civil y la acusación del PP por elaborar «teorías sobre conspiración y tramas delictivas» que habían causado un «daño» a personas «cuya honorabilidad y profesionalidad se ponen en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso».

La profecía que hizo Alaya cuando aspiraba a seguir instruyendo esta causa se cumplió. «La división de la causa de cursos pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas», auguró en un escrito enviado al CGPJ.

Otras causas duermen el sueño de los justos. Como el caso de las denominadas Transferencias de Financiación , que investiga si otras consejerías de la Junta andaluza replicaron el sistema irregular de los ERE para repartir fondos sin control a través de la agencia pública que pagaba las ayudas irregulares, IDEA. El radio de acción de esta investigación rondaría los 3.500 millones de euros , casi cuatro veces más que los fondos empleados en el caso ERE. El PP recusó a Núñez por tener a una cuñada trabajando en IDEA. Entre tanto, la causa recayó en otra juez que ordenó en siete días las diligencias que Núñez se había negado a hacer durante año y medio. Tras archivarse la recusación, el caso volvió a sus manos pero no ha registrado ningún avance.

El inexplicable retraso que acumula otra causa, que analiza la supuesta concesión ilícita de avales y préstamos por parte de la agencia IDEA a empresas, agotó la paciencia del fiscal Francisco Sánchez Mellado . Y estalló. En un escrito dirigido al juzgado se quejó de que «durante todo este tiempo –era marzo de 2018 y la causa se abrió en junio de 2016– el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente, pese a que el fiscal ha interesado en diferentes ocasiones diligencias cuya práctica viene siendo denegada de manera sistemática por la magistrada». Cansado, el fiscal recurrió a la Audiencia, que le dio la razón y obligó a Núñez a reactivar una investigación que llevaba dos años bloqueada.