La Oficina antifraude ha recibido 20 denuncias por corrupción antes de empezar a funcionar

Puyol ha comparecido este miércoles ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones, donde se ha lamentado de que «todavía no hemos podido empezar a funcionar», por lo que ha pedido a los grupos parlamentarios que «se pongan las pilas» porque «no puedo dar curso a la denuncia». Ricardo Puyol ha elaborado un reglamento de funcionamiento que está en manos de los grupos parlamentarios y ha instado a los grupos parlamentarios, tras reconocer su derecho a presentar enmiendas al Reglamento, a que «no se demoren».

«Tengo ganas de empezar a funcionar», ha sostenido Ricardo Vicente Pujol ante los parlamentarios, para poner de manifiesto que «la corrupción ha afectado a gobiernos de izquierda y derecha y es un problema que tenemos que abordar».

Antes de ofrecer los primeros datos de actividad de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, su director ha aludido a la percepción ciudadana de la corrupción, que Transparencia Internacional ha cuantificado en 2021 en España en que más del 80% de la población pensaba que no se ha hecho lo suficiente para prevenirla, por lo que ha esgrimido el dato para dar cuenta de «la gravedad del problema, en tiempo de paz, es un grave problema».

La segunda advertencia del director de la Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude ha sido proclamar que «la corrupción cuesta mucho dinero al país, no solo como suma aritmética» , ha precisado, para apoyarse en un estudio de la Fundación BBVA y esgrimir «la pérdida de confianza, de oportunidad» y afirmar «la desviación de 1 ó 2 puntos del PIB» en la repercusión de los casos de corrupción.

«La corrupción es un elemento detonante de cambios políticos a nivel nacional, autonómico, a izquierda y derecha, nos afecta a todos», ha sostenido Ricardo Puyol.

«La puesta en marcha de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción es una institución necesaria que va a convertir a Andalucía en frontispicio, en pionera en la lucha preventiva contra la corrupción».

Puyol ha explicado que la elaboración del Reglamento Interior y Funcionamiento de la Oficina Andaluza contra el Fraude ha recaído en «un auténtico comité de codificación», con la participación de «personas conocedoras como los letrados de la Junta», y ha señalado como referentes para este organismo andaluz los homólogos existentes en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, el primero de los cuales existe desde hace doce años.

El director de la Oficina Andaluza contra el Fraude ha considerado que el Reglamento «es un texto técnico, no político, que desarrolla la Ley».

Ricardo Puyol, quien ha asegurado que «no tengo afiliación política, pero tengo ideología como todos los que estamos aquí», ha afirmado que «la función primordial es de carácter preventivo», para advertir que ya ha apreciado «indicio racional de criminalidad» entre las 20 denuncias contabilizadas y precisar a los grupos que «la función de investigación no es la más importante» después de explicar que su trabajo concluirá en «un expediente de carácter recomendatorio» dirigido a la administración pertinente para que tome decisiones.

En el turno de intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PSOE Araceli Maese ha considerado que el reglamento objeto de debate es «manifiestamente mejorable» y «corrobora» la idea de su grupo de que la ley de la que parte la oficina que dirige Puyol (Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante) era «una oportunidad perdida».

«Así seguimos creyéndolo», ha confirmado la diputada socialista, quien ha apostado por que la Oficina no se convierta en «un instrumento que nos sirva para arrojarnos los trastos a la cabeza» , porque «la corrupción no es ajena en sí a ningún grupo político», y «nuestro objetivo común debe ser apartar a esas personas» que lo único que hacen es «perjudicar a la política y hacer un mal muy grande» a quienes trabajan en ella, según ha alertado antes de anunciar que el grupo socialista presentará enmiendas parciales a la propuesta de reglamento.

El diputado del PP Toni Martín ha expresado su agradecimiento a Puyol por el «entusiasmo y las ganas» en su trabajo al frente de una oficina que tiene una labor preventiva para que no se vuelvan a producir casos de corrupción en Andalucía, y también ha indicado que su grupo hará aportaciones para mejorar el reglamento. Además, ha remarcado que, en la época de los gobiernos del PSOE, el PP luchó contra «la corrupción en Andalucía en la más absoluta soledad durante más de 20 años, personándose en más de 150 causas judiciales, y aportando un esfuerzo inhumano y económico tremendo«.

Por parte de Ciudadanos, el diputado Juan de Dios Sánchez ha apostado por que esta oficina sirva para mostrar que «los gobiernos y el Parlamento luchan contra la corrupción», que es un fenómeno «que no se debe normalizar y contra lo que se debe pelear desde el primer día«.

De igual modo, ha coincidido con el director de la oficina, al que ha agradecido su trabajo, en destacar el «coste» que suponen los casos la corrupción, y que, según ha abundado, «amortiza» el gasto en personal o medios técnicos que pueda necesitar Puyol «para luchar contra ella».

El diputado de Unidas Podemos Jesús Fernández ha trasladado a Puyol que la labor de oficina «no queda en saco roto» porque es «de vital importancia, más viendo como tenemos un Gobierno autonómico que necesita de más transparencia y vigilancia», y ha aprovechado así para criticar que PP, Cs y Vox votaran en contra de una comisión de investigación en el Parlamento sobre los contratos exprés en la Junta.

Ha insistido en que es muy importante la labor que Puyol ha desempeñado desde el día de su toma de posesión, y ha indicado que Unidas Podemos planteará enriquecer el texto del reglamento a través del consenso para que se pongan luz y taquígrafos sobre las «corruptelas» que ha habido en Andalucía y otras que pueden amenazar.

Finalmente, el parlamentario de Vox Francisco Ocaña ha reivindicado el compromiso «firme» de su grupo «contra la corrupción», una «lacra» por la que Andalucía se ha visto «muy castigada», y con la que «se han robado millones de euros a los contribuyentes».

No obstante, ha advertido del posible «gasto superfluo» que pueda ir asociado a esta oficina, y por eso ha pedido que no se convierta en una «macroestructura poco eficaz y eficiente», y en esa línea ha abogado por «analizar minuciosamente las posibles subsedes que puedan crearse», y que la oficina se ciña a «lo realmente importante», que es «erradicar la corrupción».