La Oficina Anticorrupción llegará hasta las empresas que contraten con la Junta de Andalucía

Otra cosa son los detalles de esta oficina y si la fórmula acordada puede ser realmente efectiva o se trata de una mera operación de maquillaje para cubrir el expediente . En el borrador del decreto que ya han pactado el Gobierno andaluz y Ciudadanos se explica que este órgano dependerá de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, si bien sólo a efectos de presupuesto y orgánico puesto que se defiende su total independencia. Al menos sobre el papel.

Estará formada por funcionarios de carrera con más de 15 años de servicio activo, que tengan reconocida experiencia en el ámbito del control financiero, inspección, contratación o jurídico . Su director será elegido por un tribunal formado por el interventor general de la Junta, el director del Gabinete Jurídico y el director de la Inspección de Servicios. No podrá haber sido objeto de ninguna investigación ni condenado por sentencia firme por ningún delito en los últimos diez años y su nombramiento será para un período de cinco años. El sueldo anual está establecido en 60.159 euros , lo mismo que cobran los viceconsejeros.

La oficina contra la corrupción sólo podrá intervenir en el ámbito de la administración andaluza (tanto en la Junta como en las empresas públicas) —se ha intentado que llegue hasta los ayuntamientos y diputaciones pero no es posible por falta de competencias legales— pero llegará hasta las empresas e instituciones privadas que contraten con la Junta o reciban cualquier tipo de subvención o ayuda de fondos públicos.

El objetivo de este órgano es doble , por un lado investigar casos concretos de corrupción , iniciando expedientes sancionadores o disciplinarios, y por el otro estudiar los procedimientos para impedir que se produzcan estas prácticas. También podrán solicitar que se inicie el reintegro de subvenciones o ayudas públicas concedidas a empresas privadas cuando se detecten irregularidades y con el fin de evitar que prescriban los derechos de la Hacienda pública.

La clave de la oficina es cómo se denuncian estas prácticas fraudulentas, la corrupción o el conflicto de intereses . Cualquier persona física o jurídica se podrá dirigir a ella para comunicar lo que considere irregular. El denunciante podrá solicitar que se guarde la confidencialidad sobre su identidad y el personal de la oficina estará obligado a ello.

También se prevén las denuncias anónimas siempre y cuando se presenten sospechas suficientes de actos de corrupción, uso o destino irregular de fondos o patrimonio público, conflicto de intereses públicos con los privados, uso de información para fines particulares y cualquier aprovechamiento ilícito así como la ruptura de la objetividad e imparcialidad.

Una clave para garantizar a priori que esta oficina sirva para algo es la protección a los funcionarios públicos que serán quienes tengan más opciones de denunciar irregularidades . En el borrador de decreto se recoge que las actuaciones de este órgano se llevarán a cabo con la reserva máxima para evitar perjuicios a los denunciantes y los posibles testigos. Los expedientes serán secretos para evitar un riesgo grave para la vida, la integridad física o la libertad de otra persona y también para evitar que se comprometa el resultado de la investigación. La Oficina contra la Corrupción también vigilará que los denunciantes no sufran menoscabo en su entorno laboral.

Ciudadanos está empeñado en que las declaraciones de los funcionarios se realicen en el Parlamento porque consideran que es una de las principales garantías de su anonimato. Sin embargo, el PSOE tiene dudas al respecto. Es uno de los flecos que todavía está abierto.

Lo que sí está decidido es que los funcionarios de esta oficina podrán personarse en cualquier departamento de la Junta, empresas públicas o empresas privadas beneficiarias de ayudas, para solicitar la documentación que estimen necesaria ya que tendrán consideración de autoridad pública.

Hay un asunto complicado que puede generar controversia política. Según consta en el borrador de decreto que el Gobierno andaluz está ultimando y se va a aprobar en el mes de junio, la oficina anticorrupción no podrá investigar los mismos hechos que el Ministerio Fiscal, la policía judicial o los tribunales. Es más, cuando la autoridad judicial o la Fiscalía inicien un procedimiento para determinar la relevancia judicial de unos hechos, la oficina deberá suspender todas las actuaciones al respecto. Por supuesto, cuando tenga conocimiento de un delito, deberá trasladarlo al Ministerio Fiscal.

Esto supone, por ejemplo, que esta oficina no habría podido investigar el fraude de los cursos de formación que sí ha tenido una comisión de investigación en el Parlamento, ya que estaban siendo analizados por hasta 18 juzgados en toda Andalucía. El objetivo de este órgano será prevenir la corrupción y detectarla lo más pronto posible, y no dilucidar responsabilidades políticas al respecto. Es más, busca que no haya responsabilidades políticas y evitar fraudes masivos como ha ocurrido con los ERE, donde era el propio sistema el que, con su discrecionalidad, propiciaba la corrupción.