Lorenzo del Río, el presidente que huye de los charcos

En enero de 2016 fue reelegido por unanimidad para un segundo mandato tras poner de acuerdo a los «progresistas» y «conservadores» que integran la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Bien es verdad que no tuvo rival porque nadie se presentó al puesto. Para entonces ya había establecido buenas relaciones en los círculos de poder institucional. Por razón de su cargo, ha tenido línea directa con los presidentes de la Junta y gracias a su talante discreto, ha podido esquivar muchos charcos.

Pero no todos. En 2015 vivió su situación más comprometida. En plena instrucción del caso ERE, que acabó con la carrera política de Manuel Chaves y José Antonio Griñán , trascendió que la Junta de Andalucía le transfería todos los meses 1.300 euros en concepto de «indemnización por razón del servicio» que presta y para cubrir «gastos de vivienda y alojamiento».

El entonces consejero de Justicia, Emilio de Llera , amigo a su vez de la instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, justificó estos pagos y dijo que eran legales y originados por los servicios prestados.

Lorenzo del Río presidió la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, cargo al que renunció al no estar de acuerdo con la convocatoria de huelga por carencias en los servicios judiciales a raíz del «caso Mari Luz». Aunque ya no es presidente, sigue vinculado a esta asociación, de la que también forma parte la juez Núñez. En octubre de 2015, la Sala de Gobierno presidida por él acordó apartar a la juez Mercedes Alaya del caso de los ERE .

En el informe que remitió al Poder Judicial, criticó la «falta de colaboración y entendimiento» de la actual magistrada de la Audiencia de Sevills con su sucesora, María Núñez Bolaños, al « cuestionar su idoneidad y su independencia ».