La Junta de Andalucía pide al Estado que cese el reparto arbitrario de inversión

Pero la financiación no es la única batalla que quiere librar el Ejecutivo de Juanma Moreno (PP). En el documento de 40 páginas con alegaciones enviado al ministerio, titulado 'Por una financiación justa y suficiente', la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que dirige Juan Bravo, quiere abrir el melón del reparto de la tarta de los fondos europeos para la recuperación de la economía, así como de inversiones estatales entre los distintos territorios para que no se preste a la arbitrariedad.

La inversión que se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para carreteras e infraestructuras de todo tipo (transporte, culturales, hidráulicas...) refleja la voluntad de gasto del Gobierno. Para la Junta, debe realizarse aplicando «criterios objetivos». Según expone en el informe dirigido el pasado lunes a la ministra Montero, «sería aconsejable establecer unos mecanismos objetivos y transparentes de distribución de las inversiones entre las distintas comunidades autónomas». De la misma manera, «deben incluir la distribución, entre las comunidades , de los fondos de la UE», añade. De hecho, la Junta amenazó con ir a los tribunales por posible «menoscabo» de fondos a la región.

Aunque «no afecta directamente al sistema de financiación autonómica», las inversiones estatales sí «tienen un impacto directo en el PIB» de las regiones. Por lo tanto, pide abordarlo en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En no pocas ocasiones, la Junta ha alzado la voz contra el Ejecutivo porque considera que está favoreciendo a Cataluña en el reparto de inversiones, porque Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es uno de sus aliados para sacar adelante las leyes en el Congreso. Por esta razón, ha pedido al activar una comisión bilateral entre la Junta y el Estado, una figura prevista en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que hasta ahora nunca se ha puesto en marcha.

La Consejería de Hacienda también plantea una medida novedosa, ésta sí vinculada a la financiación autonómica. Propone a Hacienda establecer «mecanismos de penalización y/o de premios, para las CC.AA., en función de si cumplen o no con las reglas fiscales, avanzando en la aplicación de criterios de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos».

Los recursos que ahora recibe la comunidad están por debajo de los servicios que presta la comunidad. La Junta considera parcial, insuficiente y carente de cualquier cifra económica la propuesta de financiación que le ha remitido la ministra y antes consejera de Hacienda en esta comunidad.