La Junta de Andalucía rebate a la ministra Montero con el dictamen que hizo como consejera de Hacienda

No se cuantifican las necesidades de recursos de los distintos territorios para poder prestar sus servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). «En absoluto se ha hecho público el denominado 'esqueleto de financiación de las comunidades autónomas'», como la ministra prometió en febrero de 2020 en el Congreso, con el objetivo de «conocer las líneas generales que van a fundamentar este nuevo proceso de reforma, sino tan solo un aspecto del mismo», señala el documento. Se refiere al criterio de la población ajustada de cada región que, tal y como está recogido, genera «incertidumbre» en la Junta. El Gobierno regional insiste en que se compense a Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia con un fondo transitorio hasta que se revise la reforma que, calcula, no será antes de 2023. Además pide que la reforma se debata de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no de manera bilateral.

El listón de las reivindicaciones que resume la postura de la Junta de Andalucía y que ha esgrimido en las alegaciones lo puso la actual ministra cuando era consejera de Hacienda y pactó un dictamen aprobado en el Parlamento en 2018. Los grupos políticos del PSOE, PP, Podemos e IU –todos a excepción de Ciudadanos– votaron a favor de la propuesta elaborada por Montero que cifraba la infrafinanciación andaluza en 4.000 millones de euros al año y en más de 16.000 millones las necesidades de recursos del sistema en el conjunto del Estado. El Gobierno andaluz defiende en su respuesta la posición avalada por el Parlamento en su sesión del 9 de marzo de 2018.

En las conclusiones de dicho acuerdo se «incluye expresamente, a petición del PSOE, respaldada por la entonces consejera de Hacienda y Administración Pública y actualmente ministra de Hacienda y Función Pública (María Jesús Montero), una estimación según la cual la insuficiencia financiera provocada por el actual sistema de financiación autonómica para la cobertura del nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales se encuentra entre los 16.100 y los 16.700 millones de 2015 para el conjunto de comunidades», le recuerda la Junta.

«¿Quién se va a oponer a pedir 4.000 millones de euros más para Andalucía?», se preguntó ayer el también consejero de la Presidencia. Vistos los precedentes, el partido que lo rechazara quedaría retratado. Y ésta es justamente la baza que quiere jugar el Gobierno de Juanma Moreno a las puertas de una dura negociación entre el Estado y las comunidades para recibir el trozo más grande del pastel y con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina.

Bendodo indicó que la Junta ha remitido a todos los grupos con representación parlamentaria sus alegaciones e hizo un llamamiento para que adopten, sobre la base del acuerdo de la pasada legislatura, una posición común ante la negociación. «Queremos trasladar al Gobierno que todos los partidos están de acuerdo en que el modelo debe ser éste. PP y PSOE estuvieron de acuerdo en que el modelo aumentara en 4.000 millones» la financiación de Andalucía, así como «estoy seguro de que Cs estará de acuerdo y estamos a la espera de que Vox y Podemos» se sumen al acuerdo, enfatizó.

Para los socialistas de Juan Espadas también puede ser una 'propuesta trampa', toda vez que la propuesta de la ministra Montero no recoge cuantía alguna, como sí lo hacía el dictamen de 2018. La Consejería de Hacienda, que dirige Juan Bravo, considera que Andalucía arrastra un déficit de recursos de 800 millones anuales de media en términos de habitante ajustado,