María Jesús Montero se echa otras cuentas como ministra en la financiación autonómica

El propio presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), lleva meses tejiendo alianzas con sus homólogos de la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha e incluso Galicia para defender sus intereses comunes, al margen de las directrices que marcan los aparatos de Génova y Ferraz. Como el disenso es transversal, siguiendo los consejos del estratega militar mandarín, María Jesús Montero (PSOE) , exige al PP una posición común que no la tiene su propio partido, y agita así las disputas territoriales.

Cuando era consejera andaluza de Hacienda, la actual ministra de Hacienda fue una de las más aguerridas activistas contra el «injusto» sistema de financiación autonómica . Ha sido cambiar el gobierno y modular también su discurso, en un desdoble de personalidad que recuerda al pretexto que esgrimió la exvicepresidenta Carmen Calvo para justificar el cambio de posición de Pedro Sánchez sobre el delito de rebelión de los líderes independentistas catalanes. Una cosa es lo que dijera como jefe de la oposición y otra como presidente, aseguró Calvo. Como Sánchez, Montero se ha echado otras cuentas como ministra.

En su etapa como consejera de Hacienda reivindicó una dotación adicional del Estado de 16.000 millones de euros para mantener los servicios públicos básicos en el conjunto de España , cuantía que calculó tomando como referencia su coste en 2014 y 2015 porque habían sido las últimas cuentas liquidadas. En la propuesta de reforma de la financiación autonómica que envió en diciembre a las regiones no aparece cifra alguna.

El documento de su ministerio, de 240 páginas, pivota sobre el criterio de la población ajustada, que da más protagonismo al gasto sanitario y educativo, pero introduce mecanismos correctores (superficie, dispersión poblacional o insularidad) que no convencen a Valencia ni a Andalucía. Ambas consideran que tales variables se prestan a la arbitrariedad. La comunidad que preside el socialista Ximo Puig , de su mismo partido político, ya ha hecho pública su respuesta al ministerio, que coincide en líneas generales con la percepción que tiene el equipo del consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo , quien el pasado viernes se reunió con el consejero valenciano de Economía.

En otro encuentro con su homólogo en la Región de Murcia hace una semana, el consejero andaluz se mostraba insatisfecho por la propuesta de Montero: «Se ha vendido desde el ministerio este informe como una solución del sistema de financiación autonómica que , aparte de ser parcial e insuficiente, es una pequeña parte de lo que debe ser el conjunto del sistema ». Bravo echa en falta que el documento ponga números a las necesidades económicas de las comunidades. Lamentó que «en ningún caso se dice cuánto se incrementaría el sistema de financiación».

En el Gobierno andaluz recelan de la estrategia de la ministra sevillana, a la que acusan de sembrar la cizaña para imponer su criterio. «Nos echa a pelear», aseguran . La Consejería de Hacienda apurará hasta el último día de plazo, que expira este lunes, para remitir su respuesta, que detallará tras el Consejo de Gobierno de este martes.

Fue Montero, cuando era consejera, la que propuso el dictamen que el Parlamento andaluz aprobó, a instancias del PSOE y con el apoyo de todos los grupos menos Ciudadanos, en marzo de 2018, tan sólo tres meses antes de llegar al ministerio. En ella proponía una revisión del concepto de «población ajustada», de manera que ésta se acerque lo más posible a la población real de cada comunidad y reclamaba al Gobierno central 4.000 millones de euros adicionales para financiar servicios públicos esenciales en Andalucía. Fue la misma cifra que recogió Juanma Moreno en la carta enviada a Sánchez un mes después de su investidura como presidente andaluz. Las pretensiones de la Junta no han variado, aunque Montero, como Sánchez, sea ahora una persona distinta.