La Junta de Andalucía, obligada por una juez a revelar el sueldo de un directivo de una empresa pública

La titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 8 de Sevilla, María Salud Ostos Moreno, concluye que «no debe haber razón alguna para que una empresa pública no facilite dicha información, dados los principios de transparencia que deben regir su actividad, especialmente en materia de persona l». Mediante una sentencia dictada el pasado 22 de febrero a la que ha tenido acceso ABC, la magistrada advierte de que «se trata de información pública» y le ordena a enviar al reclamante los datos «tanto en lo que se refiere al procedimiento seguido para la contratación, como a las condiciones del contrato, así como a las retribuciones anuales» que tiene.

En este punto, hace notar que el sueldo del secretario general se costea con dinero público. « No se olvide, [las retribuciones] son pagadas con fondos públicos , lo que legitima a cualquier ciudadano para conocerlos y, por ende, para que se le suministre la información relativa a los mismos», afirma esta sentencia. El fallo sienta un precedente para posteriores reclamaciones de información sobre personal directivo que está a sueldo en la «administración paralela» de la Junta, como los sindicatos más beligerantes bautizaron a la extensa red de empresas y entidades públicas.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dio la razón al solicitante, que optó por presentar una reclamación ante este órgano después de que le negaran los datos solicitados a través del Portal de la Transparencia. Aun así, la entidad autonómica no quiere que se sepa lo que gana Antonio Muñoz y cómo fue contratado. Se ampara en que «la empresa no ha obtenido el consentimiento informado» de este cargo, entre cuyas funciones está la dirección de la asesoría jurídica del ente público.

El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia de Andalucía, norma que impulsó el propio Gobierno andaluz y aprobó en junio de 2014 el Parlamento, determinó que el reclamante tenía el derecho a acceder a la información pública sobre este directivo. Lo plasmó en una resolución del 1 de junio de 2016 de la que Epgtdasa discrepa. Hasta el extremo de que decidió pleitear con dinero público para ocultar esta información. Presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo de la Transparencia de Andalucía.

A pesar de que había admitido a trámite la solicitud, la empresa instrumental de la Administración que desarrolla la política turística y deportiva denegó al particular el acceso al expediente de contratación del alto ejecutivo. Basó su negativa en que afectaba a datos de carácter personal y que el Consejo no había informado a éste de la existencia y tramitación de la reclamación, omisión que le «ha causado una importante e insubsanable indefensión» al no poderse personar en el expediente administrativo.

El juzgado desmonta los argumentos del ente público. Sostiene que la resolución impugnada no es nula de pleno derecho, como había esgrimido. A su secretario general no se le ha causado «ninguna indefensión, dado el puesto que ocupa en el Empresa Pública , que supone el ejercicio de funciones de dirección de la asesoría jurídica», señala la sentencia. Para la magistrada no hay dudas de que era «conocedor de la solicitud de información» y «se opuso al parecer tácitamente a su concesión». Recuerda que Muñoz Ruiz no interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo de la Transparencia, pese a que así lo había anunciado, para hacer valer su supuesta indefensión.

Fue la empresa pública, donde éste ocupa un cargo de alta dirección, la que presentó el recurso en su lugar. Esta decisión va a costarles dinero a los andaluces, una factura que puede crecer si la empresa pública opta por apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Como parte perdedora del proceso, ha sido condenada a pagar las costas. Deberá abonar el gasto de su defensa y los honorarios del letrado del Consejo y del reclamante.

La juez censura la forma de entender la transparencia por parte de la sociedad pública. « No basta con la publicación en la página web de cierta información », donde no aparecen los datos que solicita expresamente ni se le indicó dónde podía obtenerlos. «Tampoco encuentra justificación el que, si no existía expediente de contratación ni los documentos solicitados, no se le explicara así al solicitante». «Simplemente se le denegó la información a cuyo acceso tenía derecho».