La Junta de Andalucía convoca casi 30.000 plazas para reducir la temporalidad en su plantilla

Según confirman desde la Junta de Andalucía, Educación y Sanidad son las ramas donde más puestos hay en juego. Son, respectivamente, 14.357 y 14.316. A eso hay que sumar las plazas de la Administración general andaluza, que son algo más de 380. En total, 29.053 puestos de trabajo públicos que deben pasar a ser ocupadas por un funcionario.

Pero, ¿cómo se van a gestionar estos procesos? E l Gobierno central publicó un nuevo procedimiento de acceso a la Función Pública que determina cómo serán las pruebas para conseguir una de esas casi 30.000 plazas en la Ley Ley 20/2021, «de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público».

Dicha normativa nueva establece que hay dos tipos de plazas: las que llevan ocupadas de forma interina al menos desde hace cinco años y las que lo son hace tres años. Para las primeras se fija un sistema solo de concurso de méritos, es decir, no hay examen de oposición. En el segundo caso, para los puestos que tienen hasta tres años sin que hayan sido ocupadas por un funcionario, se hará un proceso de concurso-oposición. Es decir, hay un examen que se complementa con los méritos de cada candidato.

Este marco legal ya ha despertado el recelo de algunas formaciones sindicales. Dudan de la legalidad y su encaje en el marco constitucional que exige que el empleo público tiene que responder a los principios de igualdad, mérito y capacidad. «¿Qué igualdad hay si las plazas se dan por puntos que no tienen los opositores, solo los interinos? », se preguntan desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

Esta plataforma sindical amenaza además con llevar la regulación de estos procesos a la Justicia. «Cuando se convoquen esos procesos los vamos a recurrir», indican. Plantean presentar una cuestión de inconstitucionalidad y animan a todos los opositores «que se sientan engañados a que también recurran». «Esto es un atentado al acceso en igualdad, mérito y capacidad que consagra la Constitución», añaden.

Pero para llegar a ese momento de acudir a los tribunales habrá que esperar porque la norma que se conoce debe ser ahora adaptada por cada comunidad autónom a. Algunos sindicatos sienten que lo que ha hecho el Gobierno central es pasar la 'patata caliente' de la estabilización de puestos y del futuro de los interinos a la Junta . «Se quitan el problema y que lo gestione cada uno, eso crea más inseguridad», aseguran.

Desde la Junta no hay una sola voz que analice la cuestión porque cada sector tiene que pactar la forma de sus oposiciones. En Educación, por ejemplo, se plantean hasta cuatro escenarios distintos, que van desde convocar las plazas ya y no esperar al desarrollo de la normativa a dejar que primero se pacte todo en detalle, algo que no gusta desde la Consejería que dirige Javier Imbroda, quien está dispuesto a hacer cumplir su palabra de que sacará cuanto antes las plazas a oposición.

Desde el sindicato de enseñanza ANPE plantean que «es urgente y necesario dar respuesta a la situación de los compañeros interinos » y señalan que la propuesta de solo concurso o concurso-oposición con un examen no eliminatorio «produce incertidumbre jurídica», lo que podría llevar a impugnaciones.

Más complicado lo tienen en Salud, señalan desde el sindicato de Enfermería Satse. En este sector de la administración suele haber un solo examen tipo test, no como en Educación, donde hay dos pruebas antes de la baremación de méritos. «No sabemos qué pasará en nuestro caso», indican desde la plataforma sindical.

En todo caso, aseguran desde la dirección de Satse, el Gobierno central «quiere quitarse gente sin examinarse». Tampoco están de acuerdo en que haya esa diferencia entre plazas de tres y cinco años. «Nosotros haríamos un proceso para las de tres y otro, si acaso, para las de diez, de solo concurso», explican. Pero, desde luego, tienen claro que «esto va a crear un follón».

Otro de los miedos de los sindicatos y por lo que hablan de inseguridad en el proceso planteado por el Gobierno central está en que si la selección de funcionarios es por examen, por oposición, se suelen hacer en el mismo día en todas las comunidades autónomas. Así no hay efecto llamada. Es imposible presentarse a un examen en Madrid y en Sevilla a la vez.

Pero si el proceso es solo un concurso de méritos, ¿qué impide a un interino catalán optar a un puesto en Andalucía? Es terreno abonado al efecto llamada y a que, si un candidato gana varias plazas, queden desiertas a las que renuncie, se quejan los sindicatos.

Donde lo tienen algo más fácil es en los 380 puestos de la Administración general. Porque son menos plazas y porque ya han establecido que la selección se va a hacer mediante un concurso-oposición, «lo acordado en febrero de 2018 en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público».

Sin embargo, la sombra de las impugnaciones que anunciaba SAF están ahí. Además, queda por desarrollar el resto de los procesos tanto para Sanidad como para Educación. Ahí está el grueso de las casi 30.000 plazas. Un problema que el Gobierno central ha dejado en manos de la Junta, quien ahora tiene que negociar con los sindicatos.

En ambos ámbitos se van a abrir procesos con los sindicatos para tratar de decidir cuál es la forma menos lesiva para los intereses de todos en las que se pueden convocar las plazas y cumplir así con la legislación europea. Pero es complicado conjugar lo que quieren los interinos y a lo que aspiran los opositores. En esa línea intermedia deberán moverse tanto l a Consejería de Educación como la de Salud y Familias.

Fuentes de la Junta de Andalucía reconocen que este es un problema que tiene complicada solución para contentar a todo s, pero aseguran que van a estudiar con detalle todas las opciones. De plazo hay, según marca la ley, hasta 2024 para convocar los procesos de selección. Aunque en esto, como en el resto de los procesos, hay la misma incertidumbre y los sindicatos no descartan tampoco que finalmente se retrasen las oposiciones de estabilización.