La Junta admite que Guerrero creó una red paralela en Empleo que realizaba tareas de funcionarios

Así lo afirmó ayer la letrada de la Junta en su informe final en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra Guerrero , Márquez y su sucesor en el cargo, Daniel Rivera ; dos ex secretarios generales técnicos de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina ; y el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado , por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por los pagos realizados en periodo temporal indicado por Empleo a esta sociedad por la contratación de 44 trabajadores que desarrollaron tareas en distintas sedes de la Consejería.

La Junta, que pide once años de cárcel para Guerrero ; siete para Márquez y diez para el administrador único de Umax, ha expuesto de forma contundente en su informe final que en virtud al acuerdo verbal alcanzado entre Cuadrado y Guerrero y mantenido en el tiempo por Márquez se contrató a trabajadores de esta empresa, muchos de ellos con relación «de amistad y vecindad» con estos dos ex altos cargos de la Junta, para hacer tareas reservada a funcionarios. «Del círculo íntimo de Guerrero», según la Fiscalía, sobre todo de su etapa como alcalde del municipio sevillano de El Pedroso.

Y todo ello con tres finalidades: «Crear una estructura administrativa paralela , contratar personal sin sujección a los principios de igualdad y mérito, y obtención de ganancias por el empresario» acusado, lo que suponía un « menoscabo de fondos públicos» que el Gobierno andaluz ha tenido que soportar, pagando más por esos trabajadores y los beneficios del dueño de Umax.

La Junta, que no acusa a Rivera, Aguado y Medina , reclama a Guerrero, Márquez y Cuadrado una indemnización total por encima del millón de euros .

«El acuerdo verbal no es una mera irregularidad, sino un acto nulo de pleno derecho mantenido en el tiempo», insistió la letrada de la Junta, para quien el delito de falsedad documental concurre en los contratos menores y los negociados sin publicidad entre Empleo y Umax, contratos «simulados» que hacían frente a una realidad distinta al concepto recogidos en éstos, es decir, para afrontar los costes laborales de los trabajadores contratados. Esto suponía, para la Junta, un d esvío de los fondos a los que daban apariencia de legalidad con estos contratos «simulados ».

Esta causa tiene su origen en la reclamación que entre los años 2011 y 2012 hizo Cuadrado a la Junta de una cantidad de 1,5 millones de euros adeudada por los servicios prestados por sus trabajadores entre 2007 y 2010, si bien, entre la documentación presentada en la reclamación no figuraba un contrato por escrito de esa relación laboral. En este sentido, el dueño de Umax en su declaración reconoció que no existía contrato escrito alguno, por lo que para la Fiscalía la adjudicación verbal de esos contratos es «nula de pleno derecho».

«No existía contrato que fundamentara la relación laboral entre Umax y Empleo», según indicó el Ministerio Público en su informe final, en el que apuntó como muestra del conocimiento de Márquez de estas contrataciones el hecho de que su sobrino estuviera entre estos trabajadores.

Para la Fiscalía, la mayoría de estos empleados, que accedieron a la Junta obviándose los principios de mérito, igualdad y capacidad, pasaron de forma «irregular» a la extinta Faffe .

Entre 2003 y 2010 Empleo recurrió a contratos menores de adjudicación directa o negociados sin publicidad para formalizar la prestación de servicios con Umax, contratos que «no respondían a una necesidad laboral», sino que «buscaban suplir la falta de personal» en la Dirección General de Trabajo con personal externo actuando como funcionarios «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».

La Fiscalía considera que esta contratación «a dedo» causó un perjuicio económico a la Junta de Andalucía , lo que supone un delito de malversación. Con respecto a la falsedad documental, el Ministerio Público afirmó que las 14 facturas presentadas por Cuadrado para la reclamación del dinero adeudado por los servicios prestados entre 2007 y 2010 fueron «elaboradas» para facilitar dicha reclamación.

El Ministerio Público , que sí dirige su acusación contra los seis encausados, pide diez años de prisión para los tres ex directores generales de Trabajo y dos ex secretarios generales técnicos de Empleo,

Cabe recordar que, salvo Rivera , todos ellos han sido juzgados también por la Audiencia de Sevilla en el juicio por la pieza política de los ERE presuntamente irregulares.

Para el dueño de Umax solicita en total ocho años y medio de prisión. Asimismo, reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 2,5 millones, así como que se declare la nulidad de los contratos entre Umax y Empleo.