La Fiscalía concluye que en la Junta hubo muchos trabajadores del «círculo íntimo» de Javier Guerrero

Así lo ha expuesto este martes la fiscal en su informe final en el juicio que celebra la Sección Tercera de Audiencia Provincial de Sevilla contra Guerrero y dos de sus sucesores en el cargo, Juan Márquez y Daniel Rivera ; dos ex secretarios generales técnicos de Empleo, Javier Aguado y Lourdes Medina ; y el dueño de Umax Informática y Consultoría , Ulpiano Cuadrado , por los pagos realizados en el citado periodo temporal por la Consejería a esta empresa por la contratación de trabajadores que desarrollaron tareas en distintas sedes del departamento de Empleo del Gobierno andaluz .

Por estos hechos, la Fiscalía pide diez años de prisión para los tres ex directores generales de Trabajo y dos ex secretarios generales técnicos de Empleo, así como 32 años de inhabilitación para estos cinco ex altos cargos de la Junta acusados en este procedimiento por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Salvo Rivera, todos ellos han sido juzgados también por la Audiencia de Sevilla por el denominado procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE ) presuntamente fraudulentos.

Para el dueño de Umax , Ulpiano Cuadrado , solicita en total ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros.

Asimismo, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con 2.556.036,2 euros por las cantidades «indebidamente» percibidas por Umax desde el año 2003 hasta el año 2010, cantidad de la que responderá subsidiariamente la propia entidad, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la Dirección General de Trabajo desde 2007 hasta 2010.

Esta causa tiene su origen en la reclamación entre los años 2011 y 2012 de Cuadrado a la Junta de una cantidad de 1,5 millones de euros por los servicios prestados por sus trabajadores a la Consejería de Empleo entre 2007 y 2010, si bien, entre la documentación presentada en la reclamación no figuraba un contrato por escrito de esa relación laboral. En este sentido, Cuadrado reconoció que no existía contrato escrito alguno, por lo que para la Fiscalía la adjudicación verbal de esos contratos es «nula de pleno derecho» .

Tanto Guerrero como Márquez conocían la condición de personal externo de los trabajadores de Umax que prestaban su servicio en la Consejería. « No existía contrato que fundamentara la relación laboral entre Umax y Empleo», según el Ministerio Público, que ha apuntado como muestra del conocimiento de Márquez de estas contrataciones el hecho de que su sobrino estuviera entre estos trabajadores.

Para la Fiscalía , la mayoría de estos trabajadores, que accedieron a la Junta obviándose los principios de mérito, igualdad y capacidad, pasaron de forma «irregular» a la extinta Fundación Faffe . Precisamente, Rivera, tras el cese de los empleados de Umax de la Dirección General de Trabajo, trasladó a éstos que «haría todo lo posible para que siguieran prestando sus servicios» en este órgano.

Entre 2003 y 2010 Empleo recurrió a contratos menores de adjudicación directa o negociados sin publicidad para formalizar la prestación de servicios con Umax, contratos que «no respondían a una necesidad laboral», sino que «buscaban suplir la falta de personal» en la Dirección General de Trabajo con personal externo actuando como funcionarios «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido» .

La Fiscalía considera que esta contratación «a dedo» causa un perjuicio económico a la Junta de Andalucía , lo que supone un delito de malversación. Con respecto a la falsedad documental, el Ministerio Público ha afirmado que las 14 facturas presentadas por Cuadrado para la reclamación del dinero adeudado por los servicios prestados entre 2007 y 2010 fueron «elaboradas» para facilitar dicha reclamación.

Tras la Fiscalía, ha sido el turno de la abogada de la Junta de Andalucía , quien, en su informe final, ha sido contundente. Así, mantiene su acusación por unos hechos que nacen de un acuerdo verbal sin soporte documental mantenido en el tiempo alcanzado entre Guerrero y Cuadrado, y que prosiguió con Márquez, para la contratración de trabajadores, muchos de ellos «con relación de amistad y vecindad » con los dos ex directores generales, para tareas reservadas para los funcionarios.

Y todo ello con «tres finalidades», que eran crear una estructura administrativa paralela , la contratación de personal sin sujección a los principios de igualdad y mérito y la obtención de ganancias para el empresario, que suponía un «menoscabo de fondos públicos» que el Gobierno andaluz ha tenido que soportar, pagando más por eso trabajadores más los beneficios del dueño de Umax.

La Junta de Andalucía pide once años de cárcel y 30 de inhabilitación para Guerrero ; siete años de prisión y 23 de inhabilitación para Juan Márquez , y diez años de cárcel para el administrador único de Umax , mientras que no acusa a los otros tres ex altos cargos procesados por la juez de Instrucción número 10 de Sevilla.

La Junta reclama que Guerrero indemnice a la Junta con 467.106,142 euros y que Márquez lo haga en la cantidad de 434.393,75 euros , en ambos casos de forma solidaria con el administrador de la empresa. Además, el dueño de la sociedad deberá indemnizar a la Junta en más de 390.000 euros , cantidad que en caso de impago deberá asumir de forma subsidiaria Umax . Cuadrado también tendrá que asumir las responsabilidades civiles solicitadas a los dos ex directores generales con carácter solidario.

Para la Junta la contratación de personal ha de hacerse por el canal y el procedimiento legalmente establecido, no con un contrato verbal, aludiendo en este sentido a lo declarado durante el juicio por varios testigos que han coincidido en señalar la ilegalidad e irregularidad de este tipo de contrataciones.

«El acuerdo verbal no es una mera irregularidad, sino un acto nulo de pleno derecho mantenido en el tiempo», ha insistido la letrada de la Junta, para quien el delito de falsedad documental concurre en los contratos menores y los negociados sin publicidad entre Empleo y Umax, contratos «simulados» que hacían frente a una realidad distinta al concepto recogidos en éstos, es decir, para afrontar los costes laborales de los trabajadores contratados.

Esto suponía, para la Junta, un desvío de los fondos a los que daban apariencia de legalidad con estos contratos «simulados».