El juicio del caso ERE, una herencia envenenada para Susana Díaz

Las cámaras, los micrófonos, los periodistas a la carrera, los sets de televisión y los focos deslumbrantes estaban pendientes del comienzo del juicio oral que llega tras siete años de instrucción , de martilleo judicial y de sobresalto político e informativo.

En vista de lo poco que han dado de sí las tres primeras jornadas —el guion previsto por el tribunal se ha retrasado—, el calvario del caso ERE puede prolongarse más de lo esperado para los socialistas. No es descabellado que se acabe colando en la precampaña de las próximas elecciones autonómicas, previstas en principio para la primavera de 2019, en las que Susana Díaz, tras su frustrado asalto a la Secretaría General del PSOE, se juega mantener a salvo su hegemonía.

Abogados del caso con muchos procesos a sus espaldas auguran que no habrá una sentencia antes del otoño , teniendo en cuenta que ni siquiera se han abordado aún las cuestiones previas. Tan sólo se han leído los escritos de las acusaciones y de 18 defensas.

Hasta el 9 de enero no empezarán a plantearse alegaciones y posibles nulidades de las actuaciones que prometen dar juego. Tras un parón técnico del tribunal para responderlas , llegará el turno de las declaraciones de los 22 ex altos cargos autonómicos acusados de prevaricación, malversación de fondos públicos y asociación ilícita. Tras ellos, desfilarían por la cuarta planta de la Audiencia de Sevilla 117 testigos y una docena de peritos. Lo que más tiempo puede consumir es la profusión de documentos y expedientes que saldrán a relucir.

El quid de la cuestión está en averiguar si el procedimiento de ayudas sin publicidad y fuera de control que funcionó en la Junta durante más de una década (2000/2011) es delictivo . Los expresidentes no están en el banquillo por llevarse dinero, sino por permitir que bajo su mandato creciera una red de abusos que extendió la corrupción desde la Consejería de Empleo hacia sindicalistas, empresarios, comisionistas, falsos trabajadores y políticos.

Sólo 700 metros separan la sala donde los expresidentes son enjuiciados por un procedimiento de reparto opaco y arbitrario de 854 millones en ayudas a empresas y trabajadores en crisis , del otro punto neurálgico de la política andaluza. Pero la distancia emotiva es mucho mayor que la física. Desde que Susana Díaz, la elegida por Griñán para sucederle, llegó a la Presidencia en septiembre de 2013, enarboló la bandera de «un tiempo nuevo» para marcar distancias con la herencia que había recibido, el mayor escándalo de corrupción de Andalucía.

En el relato político que se ha ido frabricando desde que Griñán le cedió el sillón de San Telmo —lo revalidó luego en unas elecciones en 2015—, hay 23 años en blanco, el tiempo que estuvieron mandando Chaves y Griñán. Aunque el pasado jueves en el Parlamento la mandataria andaluza volvió a defender la honradez de «Manolo Chaves y Pepe Griñán» —nada dijo de los 20 ex cargos autonómicos acusados—, la realidad es que los expresidentes no sólo se borraron del partido, sino también de los actos institucionales desde 2013.

Quienes han sido presidentes del PSOE y ministros se dieron de baja como militantes tras su imputación para facilitar la investidura de Susana Díaz como presidenta. Ahora son los grandes ausentes en los actos del Día de Andalucía. Tras años de ostracismo orgánico, reaparecieron en el congreso que la reeligió como secretaria general del PSOE andaluz en julio. Un desagravio que difícilmente volverá a repetirse mientras dure el juicio.