¿Puede una decisión de la juez Núñez suspender el juicio del caso ERE?

Desde el TSJA facilitaron ayer a la Prensa, entre otros documentos, el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno de este órgano el pasado 14 de diciembre de 2015 que aprobaba el plan de actuación presentado conjuntamente por la magistrada y el juez de refuerzo. Núñez delegaba en éste la instrucción de seis piezas de los ERE, incluida la que ahora se enjuicia, «con la finalidad de conseguir celeridad y una respuesta ágil , dando un impulso de especial relevancia a la tramitación de las diligencias previas» 174/2011, la macrocausa de los ERE.

La petición de la Defensa constituye un auténtico torpedo en la línea de flotación de una causa que ha llevado a juicio a Chaves y Griñán, presidentes durante 23 años ininterrumpidos . De admitirse, se anularían todas las actuaciones adoptadas por el juez Álvaro Martín desde diciembre de 2015 hasta finales de 2016, incluido el auto de procedimiento abreviado (PROA) que daba por finalizada la instrucción de la pieza política, la resolución que incriminó a 26 exaltos cargos de la Junta. La Audiencia de Sevilla luego exculpó a cuatro de ellos.

Muy pocos confían en que semejante órdago al proceso tenga visos de prosperar, porque esta defensa ya planteó este asunto ante el juzgado y no prosperó. Sin embargo, fuentes del caso consultadas distinguen entre el papel que ejerció Álvaro Martín en la etapa de Mercedes Alaya, cuando se limitó a prestarle apoyo en el juzgado, y su actuación bajo el mandato de Núñez, a la que prácticamente sustituyó en la instrucción de la causa más decisiva de los ERE. La pieza que marcará el devenir de los 200 casos pendientes de instruirse y enjuiciarse, que afectan a las empresas que recibieron ayudas irregulares conforme a la famosa partida 31L.

Pero todo esto se resolverá a la vuelta de las Navidades. La segunda sesión del juicio se dedicó ayer íntegra a la lectura de los escritos de defensa de los expresidentes, de cinco exconsejeros (sólo la letrada de José Antonio Viera evitó a la sala su reiteración) y del exdirector general de Presupuestos. Todos los acusados ocuparon las sillas de la jornada inaugural del juicio, pero sin los pelotones de micrófonos, focos y reporteros del primer día.

En referencia a la polémica cobertura de Canal Sur Televisión, la cadena salió ayer al paso de las críticas del PPcon un comunicado en el que aseguró que fue el medio español que más minutos dedicó al juicio, pero no aclaró por qué no había conectado en directo con la Audiencia de Sevilla cuando comenzó la vista oral, como hicieron otras cadenas de ámbito nacional.

La novedad había decaído. Fuera y dentro de la sala. Las defensas de Chaves y Griñán y la de todos los que decidieron expresarse insistieron en lo mismo: que no conocían ni pudieron conocer el fraude que se estaba maquinando en la Consejería de Empleo. Dibujaron un escenario en el que los departamentos de la Administración funcionaban como compartimentos estancos con el único nexo de que todos se nutrían de los presupuestos año tras año.

Chaves y Griñán apuntaron a sus subordinados y a la ausencia de un informe de actuación del interventor alertando de un posible menoscabo de fondos. Curiosamente, la falta del informe de la discordia al que no todos aluden no se menciona ni el auto de PROA ni en la acusación de la Fiscalía.

El tribunal evitó que se leyera el escrito que presentó la Junta para pedir el archivo de la pieza que se juzga, como solicitó la abogada del exconsejero Francisco Vallejo. El ponente de la sala, Juan Antonio Calle, lo rechazó con un argumento contundente: «No procede la lectura de un escrito de alguien que ya no es parte en el procedimiento». La letrada protestó.