El juez del caso ERE busca en paraísos fiscales el rastro de las ayudas perdidas

La burbuja que se creó a su alrededor acabó pinchando a los pocos meses. Entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, para evitar el cierre de la factoría, el Ejecutivo presidido por Manuel Chaves (PSOE) le concedió dos ayudas a la nueva compañía, Nilefós Química S.A., que sumaban 8,4 millones de euros . A finales de 2008, la Consejería de Innovación le otorgó un incentivo a fondo perdido de 3,12 millones, que se complementó con otra subvención excepcional de 5,31 millones que la Consejería de Empleo endosó al fondo irregular de los ERE. De esta cuantía, la Junta llegó a abonarle 3,6 millones … hasta que un día el empresario ugandés desapareció del mapa dejando un reguero de deudas y sin llevar a cabo «la más mínima inversión» comprometida, según denunciaron los trabajadores ante la Fiscalía de Huelva.

Su paradero es un misterio desde el 25 de julio de 2009 , cuando Nitin Jayant se reunió por última vez con las autoridades de la Administración andaluza, pero la investigación abierta para conocer el destino de las ayudas irregulares ha sacado a la luz movimientos opacos del dinero por paraísos fiscales.

El que fuera director de Producción de la fábrica, Francisco Javier Dupuy Arnau, ha declarado ante el juez que instruye el caso ERE, José Ignacio Vilaplana, que «Nilefós Química S.A. tiene 5 millones de euros metidos en las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla de Man. Y eso se lo he dicho por activa y por pasiva a todos los acreedores de la empresa», según informaron a ABC fuentes del caso.

En su comparecencia como testigo en el juzgado sevillano el 2 de marzo pasado, Dupuy relató que en 2009, cuando las cuentas de la fábrica estaban en números rojos y adeudaba las nóminas a sus trabajadores, la filial onubense hizo una transferencia de 500.000 euros a una cuenta bancaria de la sociedad matriz en Bélgica . «En ese momento, no había dinero suficiente para pagar los salarios» y se estaba llevando a cabo «una descapitalización de la empresa». En 2009 ya había recibido los primeros pagos de las ayudas, por lo que en un principio este exdirectivo se negó a firmar el traspaso del dinero como apoderado mancomunado de la sociedad. Accedió a autorizarlo después de que sus jefes le dieran la orden «por escrito» en un correo electrónico. Poco tiempo después, los propietarios de Nilefós «un día se fueron y no volvieron», apostilla.

No fue el único movimiento de capital que realizó la filial del grupo fundado por el empresario hindú, Madhvani Internacional, constituido en las Islas Vírgenes y con sede social en Uganda. En 2007, después de adquirir la fábrica al grupo Rhodia, «los nuevos propietarios transfieren 4,5 millones de euros a una cuenta de las Islas Vírgenes y medio millón a otra cuenta de la Isla de Man », contesta Dupuy a preguntas del letrado de uno de los sindicalistas que negociaron el ERE subvencionado. Tan exóticos territorios son refugios para las sociedades que quieren eludir el pago de impuestos.

Este antiguo jefe de Nilefós explicó que Rhodia acordó con el nuevo dueño hacerle un préstamo de 5 millones de euros para hacer frente a «los pagos pendientes» del flujo de caja. El juez quiere averiguar el origen del dinero traspasado a cuentas ocultas en paraísos fiscales . Tras su declaración, ha requerido a este testigo –a petición de un abogado defensor– que aporte en el plazo de diez días el justificante de los ingresos y, si obra en su poder, la copia del préstamo solicitado «para dar cobertura a dicha cantidad», ordena mediante una providencia del 9 de marzo pasado.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso ERE, ha emitido una requisitoria ( orden de búsqueda y captura ) para localizar al presidente de Nilefós; al consejero delegado Stephen John Richard France , de nacionalidad británica, y al director general, el indio Biswarup Tafafdar . Hasta ahora han resultado infructuosos los intentos por dar con el paradero de estos empresarios, investigados por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. En el atestado aportado al juzgado, la Guardia Civil cita a doce investigados por el supuesto desvío de fondos públicos, entre ellos tres exconsejeros.

Diez meses después de comprar la factoría, el 11 de febrero de 2008, Nilefós Química S.A. presentó un ERE para toda la plantilla (118 trabajadores) con el argumento de que las pérdidas que acumulaba hacían «insostenible» seguir con su actividad.

El Gobierno socialista convenció al nuevo dueño para que desistiese de acometer el ajuste laboral a cambio de financiar con dinero público un plan social para prejubilar a 33 trabajadores mayores de 55 años y otro plan industrial para empezar a fabricar pienso para animales reciclando las aguas ácidas residuales derivadas de la producción de fertilizantes agrícolas que se encuentran a las afueras de Huelva.

Los empresarios se esfumaron tras cobrar 3,6 millones sin reflotar la compañía. A la Guardia Civil «no le consta» que la Junta hiciera un seguimiento al destino del dinero público gastado. Más de doce años después, continúa siendo un enigma.