El Gobierno de Susana Díaz aplazó a la patronal andaluza la devolución de 15 millones en subvenciones

La Junta de Andalucía ya probó un mecanismo parecido al que ahora ha puesto en marcha bajo un Gobierno del PP y Ciudadanos para dar oxígeno financiero, en este caso, a un sindicato. La actual Consejería de Hacienda accedió el pasado mes de octubre a una petición de la UGT Andalucía para que ésta devuelva a plazos, durante 15 años, una suma total de 40,24 millones de euros correspondiente a las ayudas que le reclama en firme. Además, la Junta libra a la organización que dirige la secretaria general Carmen Castilla de prestar fianzas en los pleitos y facilita que reciba nuevas ayudas –no obtenía fondos públicos desde 2014–, como publicó ayer ABC.

En el año 2018, el último de la legislatura, el anterior gobierno socialista aprobó otro plan que había presentado la CEA para hacer frente a su deuda con la Administración durante quince años y sin necesidad de prestar una garantía. A diferencia de la UGT-A, que ha recurrido a los tribunales para evitar los reintegros, la patronal aceptó su pago de manera voluntaria. Optó por una salida negociada tras agotar todos los cartuchos presentando recursos de reposición en la vía administrativa por sus discrepancias con la Junta sobre los gastos y las facturas endosados a las subvenciones.

El anterior Gobierno aceptó la alternativa que le ofrecía la patronal que dirige Javier González de Lara: un compromiso de pago diferido y fraccionado que dejaba para las últimas cuotas el grueso de la amortización, que vencerá después del año 2030. Junto con el calendario de pagos a 15 años vista, la organización empresarial, que maneja un presupuesto anual de 4,7 millones, aportó a la Junta un plan de viabilidad, según confirmaron a ABC fuentes de la patronal. De esta forma, la CEA se comprometía a ajustar sus gastos durante el periodo de vigencia del acuerdo y detallaba los convenios, patrocinios y proyectos que prevé desarrollar y por los que obtiene ingresos, muchos de ellos también a través de la Administración autonómica. Con ello trata de demostrar que tiene una capacidad económica y financiera suficiente para devolver el dinero público.

Según ha podido confirmar ABC, el Gabinete Jurídico autonómico emitió un informe favorable a la operación que puso en marcha el Gabinete de Susana Díaz pocos meses antes de abandonar la Junta. Consideró que el plan de pago diferido estaba ajustado a Derecho, en parte porque el aplazamiento se había aprobado antes de que la deuda entrara en el plazo ejecutivo.

Desde la CEA aseguran que el abono fraccionado de los reintegros pendientes cumple escrupulosamente las instrucciones de la Agencia Tributaria de Andalucía sobre la gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago. Justifican la medida por la elevada cuantía de las ayudas pendientes de reintegrar, que «requiere un plazo largo de devolución», apostillan las citadas fuentes . Desde la patronal puntualizan que se trata de subvenciones que se remontan a diez años atrás, con cargo al programa de formación de 2011, anteriores a la etapa de Javier González de Lara, que fue elegido presidente en enero de 2014. Además, desde la organización aseguran que están cumpliendo con todos los plazos de pago.

El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos ha tramitado reintegros por un importe total de casi 200 millones de euros en subvenciones para cursos de formación concedidas a numerosas entidades que no se dedicaron a los fines previstos. El proceso de revisión de expedientes lo puso en marcha en el año 2014 el Ejecutivo de Díaz, que suspendió durante un lustro las ayudas para la formación. Dentro del montante que la Junta reclama se encuentran los 40,24 millones de euros repartidos a la UGT-A. El sindicato ha presentado 23 recursos en la vía contencioso-administrativo para esquivar los reintegros en una pugna judicial que dura ya siete años.

Su anterior secretario general, Francisco Fernández Sevilla, va a ser juzgado, en un proceso penal paralelo, por supuesto fraude de subvenciones y falsedad continuadas, junto a otros cuatro exdirigentes del sindicato y diez empresarios . La Fiscalía Anticorrupción solicita para el sucesor de Manuel Pastrana siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros en el caso de las facturas falsas.

El actual Gobierno andaluz ha aceptado por primera vez dejar en suspenso el reintegro inmediato de las ayudas y lo ha eximido al sindicato de prestar fianzas o avales en los procesos judiciales abiertos. A cambio, permite que devuelva trimestralmente los más de 40 millones que le reclama, sin renunciar por ello a cobrar la deuda cuando las sentencias sean firmes.