El Gobierno recurre otra vez a los militares para la atención a inmigrantes

En este caso no será un edificio físico sino un campamento con tiendas de campaña como el que suele utilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que tendrá capacidad para 250 personas. De esta forma, y según indicó el delegado, ya se ha activado la «Operación Motril 18» en la cual están trabajando un total de 80 efectivos del Regimiento de Intervención Militar y Apoyo en Emergencias de la UME para que «en menos de 72 horas» esté operativo el nuevo centro. Una vez que se active este CATE, se procederá a liberar el polideportivo cedido por el Ayuntamiento de Motril que había sido utilizado hasta ahora cuando se llenaba el centro de atención a inmigrantes. Está previsto que el campamento comience a prestar servicio a partir de mañana y su apertura conllevará el cierre del actual en el puerto. Una vez completado el montaje, permanecerán en la zona cinco militares de la UME, mientras que el resto regresarán a Torrejón de Ardoz.

Gómez de Celis aclaró que las características del nuevo CATE de Motril serán muy parecidas a las de San Roque , salvo que en Motril serán «grandes tiendas de campaña de la UME con sus literas y suficientemente bien equipadas para que estas personas estén mejor atendidas de lo que vienen estando hasta el momento» y donde no podrán pasar más de 72 horas, tal y como marca la ley. Paralelamente, el Gobierno estudiará medidas para reforzar los puertos de Málaga y Almería.

«Queremos atender a la costa oriental y trasladar el mismo modelo del centro Crinavis, en San Roque, donde había un cuello de botella que hemos resuelto de manera inmediata», señaló el delegado. A este respecto, añadió «el extraordinario esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez que, en poco más de dos meses, ha trabajado por abrir en Andalucía dos grandes centros de atención inmediata a los migrantes».

Gómez de Celis advirtió, sin embargo, que el aumento en el número de inmigrantes que han alcanzado las costas andaluzas no es un problema «de hace dos meses» y recordó que mientras en el 2016 arribaron 8.000 personas, en el 2017 la cifra aumentó hasta los 22.000, «casi el triple», apostilló. De esta forma, quiso destacar la capacidad de respuesta del Gobierno, al mismo tiempo que afirmó que «se podría haber hecho con muchas más planificación en los siete años que estuvo gobernando el PP», al que le recriminó la «inacción y la poca humanidad».

Para el delegado del Gobierno los datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, un «agente externo» , son claros al respecto y apuntan a que las cifras de llegadas no son «desmesuradas», aunque reconoce que ha habido más llegadas que en el año 2017. De igual forma, recordó la tesis sostenida por Frontex de que «la inmigración en el norte de África se está desplazando hacia España». Así, «dado que ni Turquía, ni Malta, ni Italia están cumpliendo sus compromisos en relación al circuito de la migración en el norte de África, hay una deriva hacia Marruecos en primer lugar, y luego España».

Asimismo, el delegado del Gobierno reiteró que los extranjeros irregulares no quieren quedarse en Andalucía sino que «quieren llegar a Europa y, por tanto, las soluciones son las que el presidente Pedro Sánchez está liderando en Europa» y «tienen que ser coordinadas por parte de todos los países europeos».

En relación a la polémica suscitada por la sobreocupación de los centros de protección de menores de la Junta donde están siendo derivados los niños inmigrantes no acompañadosque llegan en patera, el delegado del Gobierno recordó que es «una competencia autonómica» al mismo tiempo que recalcó que «cada uno tiene que ser responsable de sus competencias» . No obstante, Gómez de Celis reconoció que, en este tema, existe una situación que «el Gobierno comprende y trata de paliar».

Así, precisó que «entendemos lo que se plantea por parte de la Junta» a quien recordó que desde el Gobierno se está trabajando en un doble sentido, «por una parte, t rasladar a todas la comunidades autónomas que la solidaridad tiene que ser compartida y, por otra parte, disponer de un fondo de solidaridad que el PP eliminó, en el que el principal criterio objetivo sea cuantos menores no acompañados son atendidos por cada región».

Con este fondo de solidaridad el delegado se refirió al Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes, creado por el Gobierno socialista en 2004 y que dejó de emplearse a partir de 2012. Gómez de Celis volvió a pedir a la Junta «comprensión mutua» y recordó que está prevista la segunda Conferencia Sectorial de Inmigración el próximo 5 de septiembre donde «se va a disponer cómo se realiza esa solidaridad compartida y cómo serán en el futuro los fondos que el Gobierno va a disponer».».