El Gobierno andaluz mantiene el pulso a Hacienda y no presentará un plan de ajuste financiero

En la charla, que fue cordial (incluso se desearon Feliz Navidad) también hubo referencias a la financiación autonómica. El presidente de la Junta dijo a Sánchez que cualquier acuerdo político que se produzca a nivel nacional debe respetar el modelo territorial que está recogido en la Constitución, lo que incluye mantener el principio de solidaridad en la financiación autonómica, que no debe ser asimétrica.

El presidente del Gobierno de España en funciones, por su parte, no le dio ninguna garantía a estas demandas. Sánchez se limitó a explicar que las medidas tomadas «no son, en ningún caso, una intervención sino una tutela hasta que se cumplan los objetivos de estabilidad». Según el presidente Sánchez «no es una medida discrecional y no perjudica a Andalucía».

La visión desde la Junta es completamente diferente ya que consideran que es un «ataque» a la comunidad autónoma y una afrenta a su prestigio económico y a su solvencia financiera en los mercados de deuda. Es «ponerle el pie en el cuello a Andalucía» en palabras del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo.

Unos argumentos que son exactamente iguales a los que defendía hasta ahora el PSOE andaluz cuyos dirigentes guardan un llamativo silencio. El senador Fernando López-Gil fue el encargado de asegurar que se trata de un «show» y de que se trata de un «montaje para que no se hable de la crisis de la Sanidad».Han sido diputados regionales de Castilla y León los que han salido a apoyar la decisión de l a ministra María Jesús Montero explicando que no es «una venganza».

Los socialistas saben que la hemeroteca guarda los testimonios de la importante ofensiva que hizo el Gobierno de Susana Díaz cuando el entonces ministro Montoro les permitió acudir a los mercados financieros para financiar la Junta abandonando la tutela del Estado. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, recordaba ayer que el 18 de octubre de 2018 Susana Díaz explicaba que la salida a los mercados «permite tener autonomía financiera y política» a la Junta.

Exactamente lo que a hora demanda el Gobierno de PP y Ciudadanos, libertad para tomar decisiones políticas como la bajada de impuestos, un principio de su filosofía al que no están dispuestos a renunciar. Es más, el Gobierno andaluz no va a elaborar ningún plan de ajuste para enviarlo a Hacienda tal y como reclama la carta que ha recibido desde Madrid. Bravo considera que el Presupuesto 2020, que contempla el déficit cero, cumple de sobra con los requerimientos del ministerio.

El consejero de Hacienda explicó que el Consejo de Gobierno le ha encargado enviar una carta a la ministra Montero para solicitarle una reunión bilateral para que explique por qué ha tomado esta decisión de obligar a la administración andaluza de acudir al FLA, un mecanismo de financiación del Estado que tiene condiciones. «Queremos saber qué nos va a exigir para que podamos acogernos a estas condiciones. Queremos una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debería haberse reunido dos veces en 2019 y no lo ha hecho ninguna. Es el foro para debatir estos asuntos».

La decisión del ministerio de Hacienda ha levantado reacciones del más diverso tipo. El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, ha mostrado su temor porque conlleve una «reducción» de la inversión en infraestructuras. «La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, exigía «responsabilidad» para que las «guerrillas» entre los partidos no «eternicen la ejecución de obras comprometidas» que se habían desbloqueado como el Corredor Mediterráneo, con obras adjudicadas, o los túneles de la SE-40, o la línea ferroviaria Málaga-Granada-Almería.

También Izquierda Unida era crítica con este asunto. El coordinador de la formación, Toni Valero , calificaba de «sainete» la discusión entre el Gobierno central y la Junta. «Estamos en otra nueva sobreactuación del Gobierno andaluz que puede correr el riesgo de que pierda credibilidad».

Desde el PP, sin embargo, consideran que es un asunto que merece ser amplificado y por eso su portavoz en el Senado, Javier Maroto quiere que la Cámara Alta habilite el mes de enero (inhábil en el calendario legislativo) para convocar la Comisión General de Comunidades Autónomas, el órgano donde se debe llevar a cabo el debate de la financiación. Maroto quiere que el Gobierno central explique su posición sobre Andalucía «con luz y taquígrafos» «porque así se podría saber si el PSOE se está ensañando con Andalucía».