El Gobierno andaluz mantiene al equipo jurídico que negó el sistema fraudulento del caso ERE

Jiménez, que tiene rango de alto cargo, supervisa la actuación de los letrados autonómicos que solicitaron en 2016 el archivo de la única pieza juzgada del caso ERE, por la que fueron condenados los exmandatarios andaluces y expresidentes federales del PSOE Manuel Chaves y Griñán . El tribunal de la Audiencia de Sevilla hizo suyas las tesis de la Fiscalía y atribuyó delitos de prevaricación y/o malversación a 19 ex altos cargos socialistas. Solo dos funcionarios fueron absueltos.

Los abogados de la Junta secundaron, sin éxito, la línea argumental del Gobierno de Susana Díaz (2013-2019) para crear un cortafuegos que protegiera a sus dos antecesores en la Presidencia de la Junta. En el escrito remitido al juez que procesó a Chaves y Griñán, los letrados autonómicos María Victoria Gálvez e Ignacio Carrasco pidieron que ni siquiera se celebrara juicio al no apreciar delito alguno. Expusieron que no hay «trama criminal» ni «existe prueba alguna» de que los expresidentes y otros 24 acusados tuvieran conocimiento «de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones».

La Administración andaluza, como perjudicada del presunto saqueo de los ERE, era la única que estaba legitimada para pedir las responsabilidades civiles en el proceso. Como renunció expresamente a las fianzas para restablecer el daño económico al no formular ninguna acusación, la juez María Núñez Bolaños archivó todas las piezas de responsabilidad civil . Tras conocerse la sentencia, el Gobierno andaluz de PP y Cs aprobó retomar las acciones para reclamar la responsabilidad pecuniaria a los condenados.

Con el PP y Cs ya en el Gobierno regional, los letrados de la Junta también pidieron archivar el caso Avales contra cuatro exconsejeros socialistas. También erraron. La Audiencia reabrió el proceso después de que la juez Núñez le diera carpetazo apelando a la petición de los abogados autonómicos.