La Junta de Andalucía se alinea con los procesados, niega los delitos y pide archivar piezas del caso ERE

El Gabinete Jurídico de la Junta ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el a rchivo de cinco piezas desgajadas del sumario del caso ERE por las que habían sido procesadas hasta 20 personas, entre empresarios, ex altos cargos socialistas , sindicalistas e intermediarios que se habrían lucrado con la gestión de las ayudas sociolaborales.

La línea procesal de la Junta, antes cuando mandaba el PSOE y ahora que gobierna una coalición del Partido Popular y Ciudadanos, está más próxima a las tesis de las defensas que a las de la Fiscalía Anticorrupción , de la acusación popular y del propio magistrado, José Ignacio Vilaplana , que sí aprecia supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad documental en el reparto de las citadas ayudas irregulares. Así lo ha plasmado en sus autos de procedimiento abreviado, con los que pone fin a las diligencias previas y emplaza al Ministerio Público, a la Administración y al PP-A a formular sus acusaciones, y a las defensas a impugnar la resolución si lo consideran conveniente.

En el tramo final de la investigación , la letrada que representa a la Junta ha remitido escritos al juez, a los que ha tenido acceso ABC, en los que reclama el sobreseimiento y archivo de cinco piezas centradas en las empresas Azucareras Reunidas de Jaén, Autologística de Andalucía S.A., Hytasal, Aeronáuticas del Sur S.A.L. y Fabricantes de Encimeras para Europa S.L . La antigua Consejería de Empleo concedió ayudas sociolaborales y directas a estas mercantiles por un importe total de 29,2 millones de euros con cargo a la partida de los ERE, parte de los cuales fueron devueltos al erario público.

Mientras la Fiscalía Anticorrupción y el PP andaluz, que ejerce la acusación popular en el caso , ven delito en su actuación, han solicitado al magistrado penas de prisión y la apertura de un juicio oral, la abogada de la Junta de Andalucía no halla ningún «ilícito penal» que imputar a los procesados y, por tanto, se pronuncia en contra de que los investigados se sienten en el banquillo para ser juzgados. A pesar de ser la Administración perjudicada , en algunos casos la asesora jurídica autonómica ni siquiera está pidiendo que los imputados depositen fianzas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que tendrían que afrontar por el daño infligido si resultan condenados.

No es la primera vez que el Gabinete Jurídico de la Junta se descuelga de las acusaciones para alinearse en el bando de las defensas. En octubre de 2016, antes de celebrarse el juicio por el que fueron condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán , los letrados autonómicos pidieron el archivo de la pieza del denominado procedimiento específico y reclamaron que ni siquiera se sentaran frente a un tribunal porque no se cometió delito alguno. Toda la munición incriminatoria se la reservaban –vaticinaron entonces desde el Gabinete Jurídico– para las causas abiertas por cada uno de los 270 expedientes de subvenciones que se repartieron durante diez años (2000-2010) mediante un sistema que el tribunal de la Audiencia de Sevilla consideró ilegal porque permitió repartir a discreción y disponer de 679 millones de euros , sin límite presupuestario y sin controles de la intervención. En definitiva, sin dar cuentas a nadie.

Pero ahora que se están investigando las ayudas de manera individual, la Junta tampoco está acusando. Para justificar este giro, utiliza argumentos que contradicen su posición anterior. Esgrime en sus escritos que «el ilícito penal sólo podría predicarse en el procedimiento específico conforme al cual se otorgaron y abonaron las ayudas y dicha actuación no es imputable a los encausados». Recuerda que dicho mecanismo ya fue enjuiciado en la única pieza de esta macrocausa sentenciada hasta ahora, la llamada pieza política , de la que la asesoría jurídica autonómica se retiró motu proprio al no hallar delito.

La letrada de la Administración solicita al juez que dé carpetazo a las cuatro causas donde la Fiscalía y el letrado del PP-A acusan a Daniel Alberto Rivera , que fue director general de Trabajo de la Junta entre 2010 y 2012, a pesar de que este ex alto cargo ni siquiera fue juzgado en la llamada pieza política, mascarón de proa del sumario.

En la pieza de Azucareras Reunidas de Jaén, el PP pide una pena de 6 años de cárcel para Rivera y los fiscales, 4 años y 6 meses de prisión. Por los 16,25 millones abonados a la textil Hitasal, Anticorrupción solicita para él 6 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta.

Mientras la abogada autonómica alega que la ayuda fue regularizada mediante un decreto-ley en 2012 y siguen cobrándolas los trabajadores, la Fiscalía considera que «supuso una subvención a la empresa , puesto que la obligación de pago corresponde a esta». «Los convenios, resoluciones y órdenes de pago dictados por Francisco Javier Guerrero y por los sucesivos directores generales Juan Márquez y el acusado Daniel Alberto Rivera al margen del procedimiento debido dieron lugar a una disposición de fondos públicos de al menos 16,55 millones sin que se llegara a acreditar en ningún caso el fin público de su aplicación, al margen por completo de los mecanismos legales», esgrime la Fiscalía en su escrito.

Para pedir el sobreseimiento de las piezas de Aeronáuticas del Sur S.A.L. (que recibió 1,2 millones) y Autologística Andalucía S.A. (que cobró 2 millones), la abogada de la Junta apela a que las empresas han devuelto los fondos públicos irregularmente concedidos después de que los tribunales de lo contencioso-administrativo les obligaran a devolverlos. Fuentes jurídicas consultadas matizan que esta circunstancia podría ser una atenuante, pero no exime de la posible responsabilidad penal. Son planos judiciales distintos y no excluyentes.