El fraude de Delphi se debió a los «compromisos políticos» de la Junta

El inspector de Trabajo y Seguridad Social ha declarado como perito en la pieza de los cursos de formación pagados con fondos públicos que afecta al exconsejero andaluz Ángel Ojeda , y ha ratificado el informe que presentó en 2014 junto a un compañero del ministerio, en el que reprochan la política de ayudas de la Junta.

En su declaración, el perito ha asegurado que las subvenciones de la Junta para solventar la crisis de la multinacional Delphi, ubicada en la Bahía de Cádiz y de donde se despidieron a 1.904 trabajadores , eran ilegales porque no cumplían los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

También ha dicho que el exconsejero andaluz Antonio Fernández, imputado en la causa, acordó con las empresas que participaron en el plan hacer una « simulación de contratos » porque sabía que no se daría trabajo a los que participaran en los cursos, lo que provocó un fraude en la Seguridad Social.

El informe indica que los cursos se impartieron, aunque «con mayor o menor utilidad, eficacia o aprovechamiento », «pero lo relevante es que la participación de los ex trabajadores en esos cursos fue revestida con la apariencia de una relación laboral, cuya simulación tenía como finalidad dar cobertura legal » al pago de una retribución a los afectados con cargo a la subvención y al ingreso de sus cotizaciones a la Seguridad Social, según los peritos.