El exconsejero de Innovación indica que las ayudas sociolaborales eran «aparentemente legales»

Así lo ha declarado como testigo el que fuera también consejero de Agricultura en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

En virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, el ente instrumental abonaba las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, que gestionaba la propia Dirección General y que se allegaba al instituto y después a IDEA a través de transferencias de financiación.

Martín Soler, que estuvo como investigado en este procedimiento pero fue excluido finalmente por el juez instructor, ha insistido durante su interrogatorio que la apariencia de legalidad de las ayudas de Empleo abonadas por IDEA, adscrita a Innovación desde 2004, era «tan aparente y total» que era imposible que alguien pudiera pensar que había alguna ilegalidad.

En su época, según ha añadido el exconsejero, todo lo que rodeaba a la gestión de IDEA con las ayudas de Empleo era «de apariencia legal . Nadie me puso encima de la mesa advertencias» al respecto, ha afirmado. Además, ha precisado que en los once meses en los que estuvo al frente de la Consejería acudió a dos sesiones del Consejo Rector de la agencia, donde se encontraba el secretario general de IDEA que tenía que velar por la legalidad, y «nadie dijo nada al respecto».

En este sentido, ha indicado que la importancia del programa de ayudas de Empleo en IDEA era «prácticamente inapreciable» , reiterando que en once meses nunca recibió comentarios de que el programa era una preocupación más allá de un simple «por qué no lo llevaba Empleo».

Y es que Martín Soler ha expuesto con anterioridad que a su llegada a la Consejería, tras el cese de Francisco Vallejo -encausado en este juicio-, en IDEA existía un ambiente quejoso entre los técnicos por tener que resolver en la agencia una situación -el pago de las ayudas- que correspondía a Empleo, «por qué tenían que hacerse cargo de una línea de trabajo de Empleo». Pero ha matizado que en absoluto era una cuestión de ilegalidad.

De otro lado, Martín Soler ha asegurado que n unca se le entregaron informes de la Intervención sobre el Control Financiero Permanente al que estaba sometido IDEA, que conoció posteriormente en la causa. Si bien, ha resaltado que esa documentación dice de manera «clara, nítida y taxativamente» que lo concerniente a la labor de la agencia era legal.

Por último, ha valorado la alta cualificación profesional de Jacinto Cañete , exdirector general de IDEA y procesado en esta causa, quien dejó su cargo mientras Soler era consejero. «Estoy convencido de que si hubiera detectado anomalía o ilegalidad me lo habría advertido inmediatamente», ha concluido.