¿Dónde están las vacunas de la gripe que no se pusieron en Andalucía?

Y no se trató de un error puntual sino de una práctica habitual según ha detectado un informe de la Inspección de Servicios Sanitarios del SAS que ha destapado este fraude al preparar la campaña de vacunación de la gripe para este año que comienza la próxima semana. Un «escándalo mayúsculo » en palabras del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo , quien ayer dió todos los detalles del informe presentado en el Consejo de Gobierno.

Con los datos oficiales que se enviaba desde el Gobierno andaluz hasta el Ministerio de Sanidad , Andalucía figuraba por encima de la media de las comunidades autónomas en tasa de vacunación contra la gripe cuando, en realidad, estaba por debajo. Se daba de esta manera una falsa impresión de buena gestión en medicina preventiva.

El Gobierno andaluz desde 2012, infló sistemáticamente los datos del número de personas vacunadas entre un 9% y un 15%. Así, en el programa de gestión interno de los pacientes del SAS, denominado Diraya, constan como vacunados 3.704.080 personas mayores de 65 años, si bien la Junta comunicó al Ministerio de Sanidad que se había vacunado a 4.557.796 personas, un desfase de 853.716 «vacunados fantasma».

Otro tanto sucede con las embarazadas, población de riesgo a la que se recomendaba vacunar desde 2017, al igual que el personal sanitario. En ese año, se vacunó de la gripe al 27,7% de las embarazadas, pero se declaró un 35,3%. Del personal sanitario se vacunó al 22,5% pero se declaró un 33,2%. Ambos datos porcentuales están ligeramente por encima de la media de España.

El consejero de la Presidencia explicó ayer que hay un informe reservado que todavía no está terminado pero que muestra que los datos están inflados. «Se ha podido malgastar el dinero público, pero estamos investigando hasta dónde llega el fraude».

La clave de este desfase de los datos está en que la Inspección de Servicios Sanitarios del SAS ha detectado que se compraron más vacunas de la gripe que pacientes las recibían, una práctica repetida todos los años. Así, el SAS contrataba las vacunas de la gripe que estimaba ya que tiene autonomía para hacerlo al margen del Ministerio de Sanidad y del resto de las comunidades autónomas.

Se vacunaba a la población que voluntariamente lo requería —aunque se recomendaba especialmente a los grupos de riesgo que son mayores de 65 años, sanitarios y embarazadas, principalmente— y al registrarlo en el sistema, se inflaban los datos. Posteriormente se devolvían las vacunas sobrantes, si bien parece ser que había vacunas registradas pero no utilizadas y ahí es donde está centrada la investigación. ¿Qué se hacía con estas vacunas que sobraban? ¿Se habían pagado previamente? Por el momento estos datos no han trascendido, si bien Bendodo pidió este martes paciencia para avanzar en esta investigación. «Se cae el discurso de las banderas del socialismo en Andalucía de la Sanidad, la Educación y la Dependencia porque son los tres fraudes a los andaluces, un insulto. ¿Por qué tomaban el pelo a los andaluces? ¿Por qué se inventaban los datos?».

El consejero de la Presidencia advirtió que el Gobierno del cambio está dispuesto a llegar hasta el final en este asunto, «y aquí tienen que dar explicaciones cuatro consejeros: María Jesús Montero, Aquilino Alonso, María José Sánchez Rubio y Marina Álvarez» .

La reacción de los socialistas no se hizo esperar. El portavoz parlamentario, José Fiscal, anunció que denunciarán ante la Junta Electoral al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo , al considerar que el PP y Ciudadanos «utilizan medios públicos para intentar interferir en la campaña electoral».

Según su versión, la denuncia sobre las vacunas de la gripe, «es una nueva gran mentira del Gobierno andaluz intentando confundir de manera irresponsable y falsa a la ciudadanía , ya que no cuentan las vacunas que se distribuyen a los numerosos colectivos considerados en situación de riesgo, como fuerzas de seguridad, bomberos, personal sanitario, trabajadores de residencias de personas mayores, ayuntamientos o diputaciones.

A juicio de Fiscal, la denuncia del consejero de la Presidencia denota un desconocimiento «absoluto y una irresponsabilidad mayúscula» al no contabilizar las vacunas distribuidas por la Dirección General de Salud entre todos los colectivos, entidades e instituciones consideradas en situación de riesgo, y que suponían cada año unas 100.000 vacunas a sumar a las dispensadas en los centros sanitarios públicos. Un dato que asegura no se puede ocultar ya que los centros que dispensan las vacunas los registran obligatoriamente en el sistema Diraya». Fiscal no explicó por qué el desfase en las estadísticas de embarazadas, mayores de 65 años y personal sanitario que se remitían desde la Junta al Ministerio.

Por su parte, el vicesecretario del PP, Toni Martín, cuestionó si Susana Díaz explicará «el fraude de las vacunas y el coste que ha supuesto para Andalucía o si tendremos que pedirlo en los tribunales».