Las doce causas judiciales que ponen en jaque el reparto de 5.000 millones por la Junta de Andalucía

El precio de los escándalos judiciales ha sido muy elevado. En la actualidad, los jueces instruyen una docena causas que acumulan 500 investigados (actual denominación de los imputados) y cerca de 5.000 millones de euros (exactamente, 4.730 millones) bajo sospecha de haber sido distraídos a una finalidad distinta para la que estaban concebidos.

El nuevo vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración y Administración Local, Juan Marín (Ciudadanos), mencionó esta cifra —publicada por ABC en octubre— al anunciar una de las primeras medidas del Gobierno del PP y Ciudadanos, que tiene una fuerte carga simbólica.

Como mecanismo preventivo, el Ejecutivo tramitará una ley que permita sancionar a altos cargos por conductas irregulares. Para perseguir la mala praxis se creará una Oficina contra el Fraude y la Corrupción , uno de los incumplimientos del acuerdo suscrito entre el PSOE y Cs que invistió a Susana Díaz como presidenta en 2015.

Apenas un puñado de casos son conocidos, aunque sólo uno, la pieza política del fraude de los ERE, ha llegado a juzgarse y ha quedado vista para sentencia tras un año de sesiones. Para la Fiscalía Anticorrupción, 21 ex altos cargos autonómicos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán , idearon y mantuvieron «de forma deliberada» durante diez años (2000-2009) un sistema opaco de ayudas a empresas en crisis que comprometió más de 680 millones de euros . Esos fondos «nunca debieron salir de las arcas públicas», concluyó en el informe final que la Fiscalía leyó en el juicio.

La juez de instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez Martínez, impulsó otra investigación que supera en magnitud económica al caso ERE: 3.500 millones de euros. Analiza si otras consejerías utilizaron durante doce años (2000-2011) el mismo sistema fraudulento del caso ERE para nutrir de fondos a la agencia pública IDEA y eludir los controles administrativos a la hora de gastar. Tras rechazar la Audiencia la recusación impulsada por el PP, este caso volverá a la juez María Núñez.

Otras causas que han copado portadas en los periódicos han tenido desigual recorrido. Como el fraude de la formación destapado en abril de 2014, que aún tiene diligencias abiertas en una quincena de juzgados andaluces.

Buena parte de las causas abiertas han sido archivadas porque la cantidad supuestamente defraudada por las empresas beneficiarias no superaba los 120.000 euros, el umbral económico que marca el delito contra la Hacienda Pública. La Unidad Central de Delincuencia Económica (UDEF) llevó a cabo un centenar de detenciones en todas las provincias bajo el paraguas de la Operación Edu. Para la Policía, los cursos funcionaron como una fábrica para la «compra de votos» .

Era la misma tesis que sostenía la juez Mercedes Alaya . Pero su marcha del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dio un giro al caso. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, la juez María Núñez Bolaños archivó la denomina pieza política de Formación, que afectaba a 24 ex cargos autonómicos. Alaya sospechaba que se tejió una supuesta trama en la administración de la Junta dirigida a desviar sistemáticamente los fondos de la formación a empresas afines o vinculadas a las redes clientelares del PSOE andaluz.

Uno de los casos más sonados es el de una academia vinculada al ex número dos del partido Rafael Velasco que recibió 730.000 euros en subvenciones de la Junta de Andalucía, investigadas por el citado juzgado.

El final de la pieza política de Formación no está todavía escrito. Los letrados del PP, que ejercen la acusación popular en el proceso, han pedido a la Audiencia de Sevilla su reapertura .

Pero no todo han sido carpetazos. Como ocurría con la hidra mitológica, el fraude de la formación tiene múltiples cabezas . Cuando una era diseccionada, inmediatamente surgían nuevas diligencias de investigación, tramas complejas que salpicaban a ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Uno de estos sumarios que sigue engordando es el caso Delphi.

El expresidente Manuel Chaves prometió a los trabajadores un plan de choque que pasaba por atraer empresas a la deprimida Bahía de Cádiz y planes de recolocación que nunca se hicieron realidad. Entre 2009 y 2011, bajo el Gobierno de Griñán, la Junta puso en marcha un «dispositivo de tratamiento singular» que amortiguaba las protestas de los 1.904 trabajadores afectados por el cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real con una red de subvenciones excepcionales a la contratación y a la formación. Para llevarlo a cabo, repartió 70 millones de euros entre doce empresas y asociaciones, como la extinta Fundación Faffe (dependiente de la Consejería de Empleo), para que impartieran cursos que «se disfrazaron de contratación laboral», según un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que obra en el sumario.

El trozo más grande del pastel, 33,3 millones de euros, fue a parar al grupo Prescal, administrado por el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés , que está siendo investigado por la juez María Núñez y que recibió en total 52,6 millones de euros de la Junta.

Otra trama empresarial echó la red a 24 millones de euros procedentes de los planes de reindustrialización abiertos por el Ministerio entre 2009 y 2010 para frenar el paro en la provincia con el índice más alto de toda España (27,35%). Un organismo dependiente de la agencia IDEA gastó el dinero en proyectos del empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña que no llegó nunca a ejecutar.

El fraude de la formación tiene otros nombres propios, como Fernando Villén Rueda . El responsable de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) usó tarjetas para gastos de representación en pagar 31.969 euros en cinco clubes de alterne . El dinero salía de las cuentas de esta extinta entidad de la Consejería de Empleo que se financiaba con subvenciones para cursos a parados y trabajadores. El exdirectivo asegura que lo devolvió pero la Guardia Civil duda de su versión.

Siete años y medio después de su disolución, la Faffe tiene varios frentes judiciales abiertos: los pagos en prostíbulos, los enchufes de dos exalcaldes del PSOE y los 9,46 millones gastados en adjudicaciones irregulares .

En la agencia autonómica IDEA confluyen hasta seis macrocausas. Algunas llevan años empantanadas en los juzgados, como el caso Jeremie , que investiga desde octubre de 2015 el destino de 185 millones de euros de fondos europeos destinados a insuflar liquidez a pequeñas empresas.

Dentro de la macrocausa de Invercaria, el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla tiene 23 piezas abiertas por la supuesta malversación de fondos públicos por parte de esta filial de IDEA, una empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía que gestionó 60 millones de euros. Once de las causas de Invercaria ya están cerradas y en la pista de salida para juzgarse. IDEA también está siendo investigada en los casos Avales I y II a empresas, que recibieron 119 millones en fondos públicos.

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, tiene abierta otra investigación a seis ex cargos públicos de la Consejería de Agricultura por la gestión de un plan para modernizar el regadío de la marisma sevillana que se justificó y nunca se hizo. Se pagaron 18 millones con fondos europeos en materiales como tuberías que no se suministraron.