Doble rasero del Parlamento: para la ministra de Empleo y el exdelegado de Trabajo

Según establece el Código Penal en su artículo 502, todas las personas están obligadas a comparecer si son llamadas a una comisión de investigación de un parlamento o cámara autonómica; contravenir esta norma sería un ilícito penal. Sin embargo, la ministra Fátima Báñez solicitó un dictamen al Consejo de Estado para determinar si estaba obligada a acudir o no, un informe que concluye que no está obligada a hacerlo ya que los parlamentos autonómicos no pueden ejercer la labor de control al Gobierno central. Unas explicaciones que no han satisfecho a los grupos políticos por lo que ayer se acordó dar el paso de solicitar el informe jurídico. Fuentes parlamentarias consultadas por ABC confesaron que tienen pocas esperanzas en que esta maniobra prospere ya que no hay fundamentos jurídicos para ello. Aún así, la han iniciado.

Sin embargo, no se ha actuado igual con el exdelegado de Empleo en Sevilla, el socialista Antonio Rivas quien compareció ante la comisión el pasado 18 de abril. Tras leer una breve intervención exculpándose de todas las irregularidades , se levantó dejando a los diputados con la palabra en la boca. En una reunión celebrada el 22 de abril, la comisión acordó, con la oposición del PSOE, solicitar un informe jurídico a los letrados del Parlamento para llevar estos hechos a la Fiscalía ya que pueden ser considerados delito de desobediencia.

Pero ayer este informe no se había pedido oficialmente todavía aunque la presión de los grupos de la oposición hizo que sí se reclamase en la Mesa del Parlamento.

Y hay un tercer caso y una tercera manera de afrontarlo. La comisión de investigación de los cursos tiene convocada una reunión a puerta cerrada el próximo viernes para acordar los trámites a seguir en el caso de la consejera del Tribunal de Cuentas, María Dolores Genaro Moya, quien tampoco acudió a declarar ante la comisión a pesar de haber sido citada oficialmente. Genaro Moya alegó también falta de competencia del Parlamento de Andalucía.

La polémica se ha instaurado en el seno de la comisión de investigación de los cursos de formación, que los partidos políticos han convertido en una suerte de campo de batalla pero que no está arrojando nuevos datos sobre qué ha pasado con los 3.000 millones de la formación.