La devolución del dinero defraudado, en el aire tras la sentencia del caso ERE

Para buscar una explicación a este galimatías hay que recordar la «actuación procesalmente contradictoria», como advirtió la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en un auto, que ha mantenido la Administración autonómica durante los más de ocho años que la Justicia lleva desenredando la madeja del caso ERE. La Junta, presidida por la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, libró a los acusados de depositar fianza alguna por el daño causado al erario público antes de sentarse en el banquillo en el juicio de la llamada pieza política del caso ERE. Dejó la puerta abierta para exigírsela en el futuro al reservarse de manera expresa ejercitar la acción civil «una vez finalizado el juicio penal si a ello hubiere lugar».

La duda es si una decisión tan trascendente se adoptó con la autorización de quienes mandaban en la Junta. El Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía estipula que en el caso de querellas y acciones judiciales la Consejería de Hacienda, entonces en manos de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, tiene la competencia «en relación con la defensa de los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad».

Una vez que el PSOE ha sido desalojado del poder por un pacto del PP y Ciudadanos, con el apoyo parlamentario de Vox, el nuevo Gobierno tiene en sus manos imprimir un giro a la estrategia y exigir a quienes resulten condenados la fianza civil a los pocos días de conocerse el fallo. Una opción que tiene sobre la mesa el nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno (PP).

Como acusación particular en la causa, la Administración autonómica es la gran perjudicada por el desvío de fondos y, como tal, debería ser la principal interesada en que se devolviera hasta el «último céntimo defraudado», mantra que los anteriores cargos del Ejecutivo socialista no se cansaron de repetir para acallar las críticas.

La Junta se retiró por voluntad propia de la acusación en la pieza más determinante del caso ERE y defendió que no debía celebrarse el juicio que sentó durante un año ante un tribunal a dos expresidentes y referentes del socialismo andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a seis exconsejeros y a 13 ex altos cargos más, acusados de prevaricación y/o malversación continuada de fondos públicos. Que la Junta no apreciara delito evitó que Griñán, que está jubilado, tuviera que responder con su patrimonio a una fianza civil de 4,21 millones de euros tras ser acusado de ambos delitos, por los que la Fiscalía pide una pena de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación. Manuel Chaves puede ser inhabilitado diez años por una supuesta prevaricación.

Los letrados autonómicos pidieron el archivo del proceso con el argumento de que no hubo «trama criminal» ni se creó un procedimiento para repartir ayudas de forma caprichosa , a pesar de que la ausencia de controles acabara inoculando el virus de la corrupción en la gestión del fondo.

La renuncia de la Junta impidió que otras acusaciones y la Fiscalía Anticorrupción pudieran exigir fianzas económicas a los ex altos cargos. La juez María Núñéz Bolaños archivó las piezas de responsabilidad civil porque la Junta desistió. En sus conclusiones en el juicio, los fiscales hicieron constar que «no ha lugar a petición de responsabilidad civil» si la Junta desistía de hacerlo. El PP-A, como acusación popular, intentó ejercerla en su lugar, pero el tribunal lo rechazó.

El letrado del PP se reserva otras acciones judiciales a las que hubiera lugar «si se acreditara que dicha reserva de acciones civiles se hubiera realizado sin la autorización de la Consejería de Hacienda».

Otras partes recuerdan que la Junta sí está exigiendo la devolución del dinero a los exdirectores generales de Trabajo condenados por el Tribunal de Cuentas , que dirime la culpa contable –no penal–. Pero el listón de responsabilidad no alcanza a sus jefes directos, a los consejeros de Empleo. La onda expansiva del caso ERE no llega en el Tribunal de Cuentas a otros escalones superiores ni afecta a la cúpula del Gobierno andaluz.