Chaves y Griñán tendrán que esperar a octubre para conocer sus acusaciones en el caso ERE

En una providencia dictada en julio pasado, el magistrado de refuerzo del Juzgado de instrucción 6 de Sevilla daba un plazo de 45 días naturales, que se cumplía el 15 de septiembre , para que presentaran los escritos de acusación las distintas acusaciones: Fiscalía Anticorrupción, Junta de Andalucía y PP.

Sin embargo, en la providencia dictada hoy, el juez aumenta el plazo «dada cuenta de la complejidad de la causa, puesto que la providencia de fecha 28 de julio de 2016 se notificó a través del sistema de lexnet en el mes de agosto», que es inhábil , lo que afectaba al PP, única parte personada con procurador tras la salida del caso de Manos Limpias, que no hizo frente a la fianza impuesta por el juzgado.

Por tanto, el plazo para presentar el escrito de acusación comenzará a contar a partir del 1 de septiembre, «para el Ministerio Fiscal y todas las partes personadas», señala la última providencia, a la que ha tenido acceso Efe. Por tanto culminará a mediados de octubre.

En esta pieza, el juez procesó a 26 ex altos cargos socialistas por participar entre los años 2000 y 2011 en el reparto de 855 millones de euros para ayudas sociolaborales y de empresas.

Para ello, según el juez, los acusados crearon un procedimiento para «eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía» .

A Manuel Chaves, el juez le imputa prevaricación administrativa y a José Antonio Griñán le acusa además de malversación , delito que conllevaría una petición de pena de prisión.

El juez también acusa a los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo , de los cuales imputa prevaricación y malversación a los cuatro últimos.

Sobre Chaves, presidente de la Junta de 1990 a 2009, «concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocía la ilicitud del sistema que estaba manteniendo y, por tanto, que no debe admitirse su aducida ignorancia», indica el instructor.

Para el delito de malversación que atribuye a Griñán, el juez marca «un hito cronológico en el año 2005», cuando la Intervención General de la Junta emitió un informe del ejercicio de 2003 en el que se indicaba se «se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido» para conceder subvenciones.