El perito judicial señala que con una simple carta se daban ayudas públicas para los ERE

Turrión respondió así a las preguntas planteadas por José María Mohedano, abogado del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, para las que exhibió las memorias de las cuentas anuales e interrogó a los peritos de la IGAE sobre dónde aparecía en las mismas el desfase presupuestario relativo al programa de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis investigadas. Fue un interrogatorio tenso, con reproches del letrado a los peritos de la Intervención del Estado (IGAE) por contestar «algo distinto a lo que se le pregunta» y del portavoz de este equipo de expertos, Ángel Turrión, al abogado por interrumpirle y no dejarle acabar.

El perito judicial argumentó que en la liquidación de los presupuestos de la Junta no quedaba reflejado si el director de Trabajo asumía compromisos de ayudas por encima del crédito presupuestado para las mismas porque «las subvenciones se concedían por fuera, sin aplicar al presupuesto », donde sólo se consignaba el crédito total de los fondos enviados de una vez al ente público IFA (luego IDEA) mediante transferencias de financiación destinadas de forma «inadecuada» a pagar las ayudas .

Según informa Efe, el interventor estatal explicó que el director de Trabajo tenía varias formas de comprometer ayudas por encima del crédito presupuestario de este programa: «a veces con una simple carta en la que prometía la concesión de determinado dinero» a una empresa, otras con «convenios que son encomiendas de pago» a IFA para que abone subvenciones concedidas «haya o no haya crédito».

Había una «tercera vía todavía más rocambolesca» que «la propia Junta de Andalucía denominó pagos cruzados», con la que el director de Trabajo comunica a una aseguradora «con una simple carta» que parte del dinero enviado para una póliza destinada a los trabajadores de una empresa se destine a otro colectivo de otra sociedad, lo que supone «una nueva obligación» en «una especie de multiplicación de los panes y los peces».

«Esa orden a la aseguradora no queda registrada en ninguna contabilidad», subrayó, ni en la de la Consejería de Empleo ni en la de IFA/IDEA , lo que es «el colmo» porque «no hay rastro alguno de una obligación pública».

Ha sido el análisis que los peritos de la IGAE han realizado para la causa de los expedientes de las 270 ayudas concedidas el que les ha permitido detectar estos «pagos cruzados» .

Acabado el interrogatorio de Mohedano, fue el turno de la defensa del exconsejero de Empleo y Antonio Fernández. José Ignacio López, perito de parte propuesto por este letrado, defendió en el juicio del caso ERE que el Gobierno andaluz «carecía de competencias y normativa» para regular las ayudas investigadas. «Podemos afirmar con certeza que las ayudas fueron destinadas a material laboral y en este sentido la competencia para su legislación corresponde al Estado y a la Junta su ejecución», agregó.

El magistrado Juan Antonio Calle , que preside el tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, pidió ayer a los peritos no repetir «cuestiones que ya están debatidas» y que están reiteradas «hasta la saciedad».