Rebaja generalizada de las peticiones de cárcel de la Fiscalía a los acusados por el ERE de Acyco

Los hechos juzgados desde el pasado mes de septiembre se remontan al año 2003. Acyco, empresa aceitunera radicada en Dos Hermanas , contaba con 161 trabajadores, iniciándose en marzo de ese año un ERE ante la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla para la extinción de 35 puestos de trabajo. La situación de la empresa era «precaria», según declaró en el juicio el que fuera abogado de la sociedad, el acusado Gabriel Barrero.

La empresa presentó el 3 de julio de 2003 ante la Delegación de Empleo una solicitud de tramitación de un ERE tendente a la extinción de 35 contratos laborales de los 161 contratos de los trabajadores que constituían la plantilla.

El ERE, cuyo coste se elevó por encima de los tres millones de euros y con condiciones «muy favorables», lo sufragó íntegramente la Consejería de Empleo , a lo que se comprometió el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero , fallecido el pasado 11 de octubre, con el juicio ya iniciado. También estaba acusado.

El pago de las prejubilaciones se articuló mediante póliza de renta colectiva, para cuya contratación intervino Vitalia como mediadora, función que no debió asumir, según los peritos de la Dirección General de Seguros que han intervenido este miércoles en el juicio, pues Vitalia sólo podía actuar como asesora.

Se formalizaron tres pólizas, en una de las cuales fueron incluidos Andrés Carrasco Muñoz, «amigo de la infancia» de Guerrero, y Domingo Martínez Castillo, ya fallecido. Eran dos personas «intrusas» que nunca habían trabajado en la empresa .

El 26 de julio de 2003 tuvo lugar la firma del Protocolo de Colaboración entre la Dirección General de Trabajo, representada por Guerrero, y Acyco, representada por Encarnación Poto, la dueña de la mercantil.

Según la Fiscalía, la firma de este protocolo «no estuvo precedida de la tramitación del expediente administrativo de solicitud y concesión de ayuda con sujeción a los requisitos y controles pertinentes», ya que « no se anotó en el registro de subvenciones, no hubo solicitud formal ni resolución de concesión o informe previo del gabinete jurídico, no se señaló lista de requisitos previos para poder acceder a la ayuda ni parámetros de cuantía máximas que se pudieran obtener, o criterio de qué porcentaje podía asumir la Junta y cuál la empresa y, finalmente, no se hizo desde la Dirección General de Trabajo ningún tipo de seguimiento del cumplimiento de los fines de la ayuda».

Encarnación Poto «se incluyó en el ERE de la empresa cuando no llegó a extinguir su relación laboral» con la misma, continuando como presidenta de su consejo de administración hasta 2011 y recibiendo en total 276.505,92 euros.

Tras la celebración de las declaraciones de los acusados, la fase testifical y pericial, hoy la Fiscalía ha modificado sus conclusiones antes de elevarlas a definitivas, al tiempo que ha matizado la participación de los implicados en los hechos.

Así solicita diez años y medio de cárcel para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y 20 años de inhabilitación por prevaricación, malversación y falsedad documental. Inicialmente se enfrentaba a doce años y medio de prisión. Su defensa, ejercida por el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, ha solicitado su absolución en base al auto de la Sección Séptima en la que se le excluía al exconsejero de esta causa, si bien el tribunal de la Sección Tercera encargado de juzgar estos hechos rechazó esta exclusión.

Uno de los más beneficiados por la decisión de Anticorrución ha sido el exviceconsejero de Empleo en la etapa de Antonio Fernández al frente de este departamento, Agustín Barberá , que ha visto como se le exigía 14 años y medio de cárcel a cuatro años y medio , al dejar de esta acusado por un delito de malversación continuada.

Miguel Serrano Aguilar , quien fuera ex director general de la agencia IDEA, se enfrenta a seis años de cárcel y 20 de inhabilitación tras la rebaja de dos años de la Fiscalía, a cuyas conclusiones se ha adherido de forma íntegra la acusación popular ejercida por el PP-A.

Juan Márquez , sucesor de Francisco Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo, es el único de los acusados a los que la Fiscalía no le ha quitado ni un día de su solicitud inicial de cuatro años y medio de cárcel.

Estos cuatro acusados ya fueron condenados a cárcel por la Audiencia de Sevilla en el juicio por la pieza política de los ERE , que sentó en el banquillo a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán , entre otros exdirigentes socialistas.

Pero estos cuatro no son los únicos acusados por el millonario ERE de Acyco pagado con dinero público de la famosa partida presupuestaria 31L, llamad a «fondo de reptiles» por el propio Guerrero.

Daniel Rivera , otro ex director general de Trabajo, tiene que hacer frente a una petición de condena de cuatro años y medio , un año y medio menos que inicialmente.

Por su parte, la empresaria y dueña de Acyco, Encarnación Poto , el abogado de la empresa, Gabriel Barrero, y otro letrado externo José M. Caballero, han visto como sus catorces años de cárcel iniciales que solicitaba la Fiscalía se han reducido a nueve años.

Seis y años de cárcel es lo que exige la Fiscalía para Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, exreponsables de Vitalia, empresa que actuó como mediadora en el ERE de Acyco y en muchos otros de los tramitados de forma irregular por la Consejería de Empleo de Antonio Fernández y la Dirección General de Trabajo de Francisco Javier Guerrero. El intruso igualmente tiene que enfrentarse a cuatro años de cárcel .

En cuanto a las responsabilidades civiles por el delito de malversación, el intruso, Andrés Carrasco, deberá restituir a la Junta lo indebidamente recibido por el ERE: 113.480 euros. Bordallo tendrá que restituir a la Junta lo que esta administración pagó a Carrasco y al otro intruso ya fallecido por el ERE: 223.052 euros.

Por último, Antonio Fernández, Miguel Ángel Serrano, Encarnación Poto, Barrero, Caballero y Albarracín, de forma solidaria, deben indeminizar a la Junta de Andalucía con la cantidad que IDEA pagó por este ERE, que supera los 2.975.000 euros .