La Intervención General insiste: los beneficiarios de las ayudas de los ERE eran las empresas

Dos años después la Audiencia de Sevilla ha vivido este lunes un «déjà vu» escuchando de nuevo la grave y solemne voz de Ángel Turrión , perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), exponer las irregularidades, que junto a sus compañeros Eduardo Villaseca y Rosa Hernández, detectaron en el sistema ideado por los dirigentes socialistas para dar centenares de millones de euros durante diez años a través de la ya famosa partida presupuestaria 31L.

Muchos elementos hacían indicar este lunes que lo que estaba pasando ya se había vivido. Las preguntas del fiscal anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, la presencia de la acusación ejercida por PP-A, algunas caras repetidas entre los abogados defensores, pero sobre todo la lista de ilegalidades cometidas por la Junta de Andalucía en la concesión de las ayudas de los ERE: falta de fiscalización, de procedimiento administrativo establecido, falta de publicidad, etc.

Hasta algunos acusados repiten en el banquillo con respecto al juicio de la pieza política, que acabó en condena para los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán o los exconsejeros Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo.

Ahora vuelven a ser enjuiciados y vuelven a enfrentarse a penas de prisión el exconsejero de Empleo Antonio Fernández , su viceconsejero Agustín Barberá, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez o el director gerente de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar. También están acusados el ex director general de Trabajo Daniel Rivera, los exresponsables de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, un abogado, un «intruso», el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa y la presidenta del consejo de administración, Encarnación Poto. En esta causa también estaba Francisco Javier Guerrero, fallecido hace unos meses.

Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General del Estado que investigó las ayudas de los ERE por mandato judicial de la instructora Mercedes Alay a, como hiciera durante semanas en el juicio de la pieza política, ha vuelto a declarar en la segunda pieza separada de esta macrocausa que se enjuicia.

Y otra vez ha vuelto a insistir en todas las irregularidades e ilegalidades que pudieron detectar en el análisis de la documentación relativa a los ERE que estudiaron, entre ellas la que aludía a la ayuda de casi tres millones de euros que el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero concedió a Acyco para un expediente de regulación de empleo en 2003 y una segunda ayuda de unos 200.000 euros en 2010.

Ha remarcado que el director general de Trabajo no tenía competencias para dar las ayudas, sino que esto era función del consejero de Empleo. Ha insistido en que las ayudas no fueron fiscalizadas por el interventor delegado en la Consejería de Empleo porque no existían expediente administrativo de gasto relativo a las ayudas dadas a las empresas, por lo que no podía examinar el cumplimiento de los requisitos legales.

Si éstos no se cumplían, el interventor delegado tenía que emitir un reparo y paralizar dicho expediente. Como en tantas otras de las ayudas de los ERE en la de Acyco no había expediente de concesión , por lo que no hubo fiscalización previa.

La IGAE ha vuelto a subrayar las ayudas dadas por la Junta con cargo a la partida presupuestaria eran «subvenciones» que se tenían que haber regido por la ley estatal y por el Reglamento de concesión de subvención de la Junta . Así, ha distinguido entre subvenciones regladas o directas, también excepcional.

Aunque tengan distintos procedimientos establecidos para su concesión en ambos casos existen. Sin embargo las ayudas de los ERE se dieron sin procedimiento ninguno, obviándose principios de publicidad, concurrencia, unos requisitos, unas bases, un objeto social, etc .

Esto choca una vez más con las tesis de muchos de los acusados en los ERE, incluidos altos cargos socialistas, que insisten en que las ayudas se dieron bajo amparo de las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 de ayudas para trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas.

Las subvenciones excepcionales tienen que cumplir con una razones sociales, de urgencias o humanitarias para que tengan ese carácter de excepcionalidad. Turrión ha puesto como ejemplo de este modelo de ayudas las concedidas por el terremoto de Lorca . Un ejemplo que ya puso en su día el exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías, también condenado por los ERE.

Aunque Turrión ha insistido en que la excepcionalidad no es una vía para conceder ayudas sin procedimiento, como ocurrió en los ERE. En este punto, el perito judicial ha defendido su tesis de que las 270 ayudas concecidas entre el año 2001 y 2010 por los distintos gobiernos socialistas de la Junta fueron destinadas a las empresas , las auténticas beneficiarias. Y no los trabajadores como defiende la juez María Núñez Bolaños y algunos acusados.

La IGAE ha precisado, una vez más, que de las 270 ayudas concedidas sólo un 30 por ciento fueron para sufragar los expedientes de regulación de empleo , entre las que se encuentra Acyco.

El resto fueron a pagar nóminas, centros de equitación, a ayuntamientos, pago a proveedores, fiestas de municipios. «Nada que ver con un ERE» , según Turrión.

También ha vuelto a hacer hincapié en el uso indebido de las transferencias de financiación por parte de la Consejería de Empleo para enviar los fondos de la partida 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia IDEA, para pagar las ayudas. A juicio de Turrión, las transferencias de financiación eran un instrumento para enviar dinero a los ente instrumentales para afrontar pérdidas, lo que no era el caso. Así procedían desde la Consejería en base al convenio marco firmado en julio de 2011 con IFA, lo que sirvió para otorgar todas las ayudas de los ERE.

Este sistema de enviar el dinero a IFA/IDEA para el pago de las ayudas evitaba que el interventor de este ente instrumental pudiera fiscalizar las ayudas. Segunda vez que se burlaba el control de la intervención .

Cuestionado por Acyco , Turrión ha señalado que el convenio firmado entre Encarnación Poto, la empresaria (que también se incluyó en el ERE) y Guerrero en 2003 «sólo era una declaración de intenciones no una concesión de la subvención». Para que la empresa aceitunera de Dos Hermanas recibiera la ayuda de casi tres millones de euros no existió ni petición formal, ni resolución formal de concesión , ni requisitos para ser beneficiario,...

En definitiva, Turrión y su equipo de perito judicial ha vuelto a poner negro sobre blanco las irregularidades cometidas en la concesión de las ayudas de los ERE , como ya hiciera en la pieza política, donde todos acabaron condenados, salvo el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, y el ex jefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.