Caso ERE: Abren juicio contra cinco acusados por una red caza subvenciones con penas de 23 años de prisión

En total, las empresas vinculadas a los empresarios y exconcejales del PSOE en El Pedroso José María Sayago Lozano y José Enrique Rosendo Ríos (fallecido en 2016) recibieron 34,26 millones de euros a través de una veintena de ayudas de la Junta de Andalucía con cargo al programa de los ERE. Eran sociedades, en su mayoría, sin actividad ni empleados, un entramado empresarial creado para recibir subvenciones, según detalló el juez en su auto previo de procesamiento.

Al empresario José María Sayago Lozano le atribuye supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y, alternativamente, delitos de estafa o de apropiación indebida . Los otros cuatro acusados se sentarán en el banquillo como «presuntos responsables penales y civiles directos de la comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación».

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dictó el pasado 10 de mayo el auto de apertura de juicio, al que ha accedido ABC, una vez examinados los escritos con las acusaciones que han presentado la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y el PP andaluz . Las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía y la acusación popular del PP suman 23 años de prisión, mientras que la Junta de Andalucia exculpa al ex alto cargo socialista y no ejercita acusación contra él, pero sí contra los empresarios: pide cinco años de prisión para Sayago y Eduardo Lora y tres para Manuel Valdecantos y Manuel Robles. La Fiscalía y el PP-A reclaman penas de dos años de prisión, seis de inhabilitación especial para empleo y cargo público y otros seis para el ejercicio de sufragio pasivo.

El Ministerio Público pide para otros tres acusados cinco años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta, y para el último de los investigados seis años de cárcel y quince años de inhabilitación absoluta , mientras eleva a seis los años de prisión para el principal acusado, José María Sayago.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que indemnicen a la Junta en diferentes cantidades, mismas peticiones que realiza la acusación ejercida por el PP-A.

El magistrado requiere a los cuatro empresarios y al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera que depositen una fianza total de 35.775.500 euros «para asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponerse en caso de condena y establece responsabilidad civiles subsidiarias para 17 sociedades.

Las fianzas impuestas son, en total, 22. Deben depositarla en el plazo de un día, «con el apercibimiento de que, de no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma que se señala». A Sayayo se le reclama la fianza más elevada: 18,2 millones de euros. A Eduardo Lora Ruiz se le exige 5,9 millones, 6,5 millones a Manuel Valdecantos Lora-Tamayo , 5,1 millones a Manuel Robles Ortega y, finalmente, 75.500 euros a Daniel Alberto Rivera, que fue director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012.

El juez, en el auto, argumenta que procede decretar la apertura de juicio oral contra el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera al existir indicios «suficientes y solventes» de que «sí tuvo intervención -y, por tanto, podría ser partícipe y responsable- en los hechos delictivos por los que ser procede, ordenando y disponiendo –de manera arbitraria e injusta- de los fondos públicos constitutivos del ilícito pago de parte de las ayudas objeto de las actuaciones (en este caso, concedidas en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A.)».

Añade que, «si bien es cierto que la Junta de Andalucía no ejercita pretensión de condena frente a Daniel Alberto Rivera y, por consiguiente, no deduce tampoco pretensión indemnizatoria frente a dicho acusado, es lo cierto que la Junta no ha renunciado en la presente causa al resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran corresponderle, ni ha hecho reserva de acciones civiles en relación a los hechos delictivos objeto del presente procedimiento abreviado».

Por ello, el magistrado considera que «nada obsta a que el Ministerio Fiscal dirija en solitario -la acusación popular carece de legitimación para solicitar ese resarcimiento por cuenta del perjudicado- la correspondiente pretensión de resarcimiento dirigida contra todos y cada uno –incluido Rivera- de los presuntos responsables penales y civiles frente a los que se decreta la apertura de juicio oral».

«Ninguna de estas ayudas, que se concedieron sin solicitud ni documentación justificativa alguna , se dedicó a la promoción del empleo», sino que sirvieron para «generar un ilícito enriquecimiento» a sus titulares, concluye el juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, en un auto por el que procesa a un ex alto cargo, el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y a cuatro empresarios que administraban las sociedades.