Caso ERE: Procesan a un ex cargo y cuatro empresarios de la Sierra Norte de Sevilla «enriquecidos» con 34 millones de la Junta

«Ninguna de estas ayudas, que se concedieron sin solicitud ni documentación justificativa alguna, se dedicó a la promoción del empleo», sino que sirvieron para « generar un ilícito enriquecimiento» a sus titulares , concluye el juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana , en un auto por el que procesa a un ex alto cargo, el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y a cuatro empresarios que administraban las sociedades como presuntos responsables penales.

En el auto de 85 páginas dictado el pasado lunes día 23 y al que ha accedido ABC, el magistrado imputa supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad documental a los empresarios José María Sayago, Eduardo Lora Ruiz, Manuel Valdecantos Lora-Tamayo y Manuel Robles Ortega . Asegura el juez que «habrían colaborado activamente en la concesión y obtención, de manera ilícita y fraudulenta, de las ayudas concedidas, a sabiendas de su evidente y grosera ilegalidad».

En la resolución se acuerda la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado contra estos cinco investigados en calidad de «presuntos responsables penales» y se cita como responsables civiles subsidiarias a 21 sociedades mercantiles administradas por ellos . Se da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular acusación.

Según indica el juez, «las empresas que tenían empleados recibieron ayudas muy desproporcionadas para el número de trabajadores que tenían contratados». El «tándem» Sayago-Rosendo creó un depurado sistema de ingeniería financiera . Según detalla el auto, crearon sociedades para «recibir ayudas» y seguidamente, realizaron «el traspaso de fondos distintas sociedades del mismo entramado; posibilitándose así mediante este número de sociedades interpuestas, que el grupo controlado por ambos investigados percibieran, fraccionadamente y de modo coordinado».

Todo ello fue posible gracias a que utilizaron sus redes de influencia ante el fallecido exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que fue alcalde de El Pedroso. Su «enriquecimiento» a través de las ayudas fue posible por su «connivencia con responsables de la Junta de Andalucía» . Así obtuvieron «múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA», el ente encargado de abonarlas.

«El total de las ayudas que se habrían concedido ilícitamente, sin que existiera solicitud o se acompañara proyectos, memorias o planes de viabilidad por parte de los investigados, habría ascendido a la suma aproximada de 34 millones de euros, por el sólo interés ilegítimo de favorecer a ambos investigados y a su grupo de empresas por parte de la Administración autonómica», afirma el juez. De estos 34 millones, existieron resoluciones de ayudas por el correspondiente director general de Trabajo por importe aproximado de 27.928.772 euros. Para ello se suscribieron 24 convenios de colaboración y se pagaron unos 17 millones de euros.

Guerrero no actuaba solo. El juez recuerda que el fallecido exdirector de Trabajo manifestó, en sus declaraciones judiciales, que el exconsejero de Empleo, su jefe, José Antonio Viera, «le dijo que había que ayudar a Matadero de la Sierra Morena S.A. y a todas aquellas empresas que colgaban de la misma. Es decir a todas las empresas relacionadas con Sayago y Rosendo Ríos».

El dinero no se empleó en crear empleo, sino otros destinos que nada tenían que ver con combatir el paro. El juez distingue seis finalidades: el « trasvase de fondos de una sociedad a otra », amortizaciones de préstamos, la adquisición de activos financieros, la cesión o Endoso de las resoluciones de ayudas como garantía de operaciones bancarias, así como la capitalización de las sociedades del grupo para su venta a mayor precio. Así «ocurrió en el caso de Matadero de la Sierra Morena S.A., empresa que antes de la compra por el grupo Barbadillo el 25 de noviembre de 2005, había recibido efectivamente 2.702.530 euros de IDEA y 1.282.317 euros de Feoga». Fue vendida por casi diez millones de euros a Antonio Barbadillo S.A. El último destino fue la «inversión en empresas de comunicación».

El instructor acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otros seis investigados, entre ellos el hermano del expresidente de la Junta, Ángel Rodríguez de la Borbolla, o el conseguidor de ayudas Juan Lanzas , al considerar que «no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan» atribuirles una participación relevante penalmente en los hechos concretos en los que se centra esta pieza separada de los ERE, mientras que, igualmente, declara la extinguida la responsabilidad criminal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras su reciente fallecimiento .

Señala el magistrado que «la disposición de fondos públicos se hizo [...] de forma arbitraria, privando a otras mercantiles no ya de poder percibir estas cantidades de fondos públicos, sino de poder solicitarlas y concurrir a su concesión acreditando la necesidad socio-económica habilitante de su percepción».

La causa excluye a cinco ex altos cargos de la Junta que tuvieron relación con los hechos. Son los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera ; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá ; el ex director general de Trabajo Juan Márquez , y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano , todos los cuales fueron enjuiciados por el denominado procedimiento específico del caso ERE.

Sin embargo, no fue juzgado el también ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera , lo que motiva que el procedimiento en esta pieza separada de los ERE sí continúe contra él, ya que «se le excluyó» del procedimiento específico «sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales que se pudieran depurar en causas desgajadas de la causa matriz», según el juez.

En el caso de este ex alto cargo, el instructor sostiene que «concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante el mandado de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas (en concreto, en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A. (Expasan)».